"Wiñoy Xipantu” Celebración del año nuevo Mapuce en la Provincia de Neuquén.

Cómo cada 24 de Junio, el Kimvn, Conocimiento Mapuce, permite saber el momento exacto en que se produce el Wiñoy Xipantv o solsticio de invierno; nos indica que llega el momento preciso en que se genera la renovación de los ciclos de vida en esta parte del universo. Las diferentes zonales de la Confederación Mapuce Neuquina celebran el Wiñoy Xipantv movilizados y con propuestas ante el estado.

Puelmapu_ El pueblo mapuce en Neuquén celebrara este wiñoy xipantu através de cada una de las zonales de la confederación mapuce neuquina en cada una de ellas las familias mapuce renovaran su compromiso con cada uno de los elementos del wajmapu.
El pueblo mapuce hará la propuesta a la Legislatura de la Provincia de Neuquén
para que se declare el 24 de Junio, “Día Nacional Mapuce”, y que establezca como feriado provincial ese día y la autorización a todo integrante del pueblo Mapuche en relación laboral o escolar a ser parte de las ceremonias filosóficas que se realizan al efecto.
Otra importante iniciativa será la exigir la restitución a territorio mapuce de los restos del Toki Kajfvkra, hoy los restos de Kajfvkura se encuentran en manos del Museo de la Plata. Allí ha permanecido como una especie de trofeo de guerra y desde allí el pueblo mapuce lo rescatara. Tal gestión se realizara como continuadores de quien con su capacidad y visión inigualable gobernó a la primera Confederación Mapuce en este extremo del Waj Mapu, conocido hoy como Puel Mapu.
La Confederación Mapuce de Neuquén es, en la actualidad, la organización continuadora de aquel hecho histórico único que permitió la defensa de nuestra identidad, tal cual fue la Constitución de la Confederación de las Salinas Grandes creada por Kajfvkura a mediados del siglo XIX. La restitución de los restos del Toki a Neuquén es el regreso a su origen. Al encuentro con sus descendientes directos, al encuentro con pu logko y pu werken que como él trabajan por una sociedad intercultural con derechos e identidad y los miles de mapuce que recuerdan su figura como símbolo de libertad y justicia.
Neuquén es solo una de las provincias del estado Argentino donde el pueblo mapuce se encuentra asentado en cada una los mapuce renovaran fuerza para continuar la lucha ante los estados nacional y provincial por reconocimiento a la libre determinación como pueblo.

Fuente: Dpto. De Noticias AM 800 Wajzugun

Un presente griego para Godoy

El almirante Pablo Rossi presentó un escrito en la investigación por espionaje en la Base Naval de Trelew en el que responsabiliza al jefe de la Armada, Jorge Godoy, por el Plan de Inteligencia que puso en práctica y derivó en el pase a retiro de varios oficiales.
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Por Werner Pertot

En la causa de Trelew en la que está imputado por espionaje ilegal el jefe de la Armada, Jorge Godoy, su ex director de Inteligencia Naval Pablo Rossi, le dejó un regalito. Presentó un escrito que forma parte del sumario interno de la Armada, en el que le señala a Godoy que él convalidó el Plan Básico de Inteligencia Naval, edición 2005, por el cual habilitó el espionaje ilegal. Entre los documentos de la causa, también hay otra perlita: una lista de organizaciones “contraindicadas” por la Armada en caso de que busquen algún tipo de vinculación con la fuerza: incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de los organismos de derechos humanos y a los partidos de izquierda.

La lista data de 1995, pero aparece mencionada en otra resolución posterior al 2000, por lo que estaría vigente, al menos en parte. Se trata de la resolución 01/95 de contrainteligencia, un término que implica las tareas que se hacen para contrarrestar la inteligencia del enemigo. La firmaron el entonces jefe de la Armada, Enrique Molina Pico, y el entonces jefe de Inteligencia Naval, el capitán de corbeta Oscar Simian. Lo llamativo es a quiénes identifica como sospechosos para la Armada.

Además de la CIDH –una organización continental que forma parte de la OEA–, el listado incluye a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, a la mayoría de los partidos de izquierda –va de la Asociación Cultural El Arbol al PC, haciendo escala en todo el espectro trotskista– y a grupos “religiosos y sectarios”, entre los que incluye al Movimiento Juvenil Sionista y a los Hare Krishna. También hay nacionalidades “contraindicadas”, entre ellas la cubana (ver aparte).

La resolución plantea que todos los que aparecen en esa lista están “contraindicados” para tener “vinculaciones” con la Armada. Por “vinculaciones” entienden desde las contrataciones que haga la fuerza, hasta ingreso de personas ajenas a la Armada a las bases o los edificios, o bien que quieran ingresar como cadetes a la Marina. Para todos, existe un procedimiento de análisis de la persona, de sus antecedentes y los de sus familiares. El rastreo proviene –según explica la normativa secreta– de fuentes propias, del archivo de la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y de la comunidad de inteligencia local (que incluye a la policía). La normativa cita incluso un ejemplo de una persona a la que se rastreó hasta que las fuentes de inteligencia locales le informaron que había sido militante del PRT-ERP en los setenta. En la resolución, incluso, se agrega un formulario para hacer el pedido de informes de una persona que tenga cualquier tipo de relación con la Armada.

Obediencia debida

La causa por espionaje ilegal de Trelew salió a la luz en marzo de 2006, con la denuncia que hizo Carlos Alegre, uno de los integrantes del grupo de inteligencia de la Base Almirante Zar, que se negó a hacer espionaje ilegal (ver recuadro). Cuando se abrió la causa, el gobierno separó al director de Inteligencia, Pablo Rossi, y al número tres de la Armada, Eduardo Avilés, y cerró las oficinas de inteligencia de todas las bases, que fueron allanadas por la Justicia. Allí se encontraron fichas de inteligencia de políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos.

En una primera etapa de la causa –que está por llegar a juicio oral– se imputó a Rossi y Avilés y a los oficiales y suboficiales involucrados directamente por los documentos. El CELS presentó hace dos semanas una ampliación en la que pidió que se impute además a Godoy y a la cúpula de la Armada por haber firmado el plan de inteligencia que fijaba como objetivo las “amenazas asimétricas”, un concepto que abre la puerta al espionaje interno. El juez Hugo Sastre hizo lugar a las imputaciones y derivó la investigación en el fiscal Fernando Gelvez (ver aparte).

En un intento de defenderse con la vieja idea de la “obediencia debida”, Rossi presentó en la causa una copia del sumario administrativo que instruyó paralelamente la Armada. En él, adjuntó un documento que no estaba entre los secuestrados por la Justicia, donde Rossi propone el Plan de Inteligencia de 2005 y el jefe de la Armada lo convalida con su firma. Rossi hizo esta presentación antes de que Godoy fuera imputado, pero en la investigación actual sólo consigue complicarlo más.

En el sumario de la Armada, Rossi se defiende de las sanciones que le impuso la Armada por “no supervisar adecuadamente los procedimientos” del sistema de inteligencia y argumenta que sólo estaba cumpliendo órdenes de Godoy. “No estaba en la cabeza del director de Inteligencia Naval la obligación de modificar la doctrina de Inteligencia”, argumenta Rossi, que cita la resolución secreta 02/01 en la que el jefe de la Armada le ordenó “actualizar la doctrina de inteligencia”. También señala que el Plan de Inteligencia 2005 fue revisado y aprobado tanto por el segundo de la Armada, Benito Rótolo, como por Godoy. Rossi advierte además que, por lo que en la jerga militar se conoce como “doble gorra”, las oficinas de inteligencia dependen paralelamente de él como del Comando de Operaciones Navales, que responde directamente a Godoy.

Si bien Rossi intentó deslindar responsabilidades sobre Godoy, para los querellantes no está tan claro que las órdenes del jefe de la Armada lo absuelvan. “El cumplimiento de órdenes manifiestamente ilegítimas no eximen de responsabilidad a los subalternos que actúan bajo ese parámetro”, señaló el abogado del CELS Rodrigo Borda, que puso como ejemplo los casos de Alegre y Luis Alberto Sánchez, dos militares que se negaron a cumplir las órdenes de inteligencia ilegal y declararon en la causa. “Ahí hay un ejemplo de dos personas que se negaron a obedecer órdenes eminentemente ilegítimas. Eso implicó para ambos aprietes y sanciones informales y formales”, recordó Borda.

Fuente: pagina 12

La desigualdad como causa de muerte materna

Las mujeres jujeñas tienen 15 veces más probabilidades de morir por causas vinculadas con la maternidad que una porteña. La tremenda brecha salió a la luz durante el informe que investigadores locales presentaron ante expertos de 25 países.

Por Mariana Carbajal

Las mujeres en Jujuy tienen un riesgo quince veces más alto de morir por causas vinculadas a un embarazo y al parto que las que viven en la ciudad de Buenos Aires. Así de amplia es la brecha en salud reproductiva en la Argentina. Esta profunda desigualdad que se refleja en las tasas de mortalidad materna de las distintas provincias del país fue denunciada ayer en Buenos Aires por los principales investigadores en el tema ante encumbrados expertos de 25 países, en una reunión convocada por la Organización Mundial de la Salud para debatir el tema. “La inequidad en el acceso a la anticoncepción es un problema crítico”, advirtió Silvina Ramos, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), frente al director del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS, el belga Paul Van Look (ver entrevista aparte).

En Jujuy mueren 165 mujeres por afecciones vinculadas al embarazo, parto y puerperio cada 100 mil nacidos vivos. Es la tasa de mortalidad materna más alta del país, según el último registro oficial correspondiente a 2006. En la ciudad de Buenos Aires, fallecen por esas mismas causas sólo 18 cada 100 mil: es la tasa más baja. El promedio nacional es de 48 por 100 mil: la medición tuvo “un brusco aumento” del orden del 19 por ciento con respecto a 2005, señaló Ramos, ante un nutrido auditorio, compuesto también por representantes de organismos internacionales como PNUD y el Banco Mundial.

El informe hace referencia a las “fuertes inequidades regionales” en materia de salud reproductiva y a la “elevada participación de las complicaciones de abortos inseguros” en la mortalidad materna: casi un tercio de las muertes maternas se deben a esa causa. “A este ritmo, es casi imposible que la Argentina cumpla con los Objetivos del Milenio de reducir un tercio la mortalidad materna. Ni en el 2015, la fecha fijada, ni en el 2020 ni en el 2030”, alertó la experta. En siete años, la tasa de mortalidad materna nacional debería reducirse a 13 por 100 mil nacidos vivos. De mantenerse la tendencia actual, rondará un 39 por 100 mil, de acuerdo con las estimaciones realizadas por los especialistas.

Ramos fue la encargada de presentar el informe sobre “La salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina”, un panorama elaborado en forma conjunta –con estadísticas oficiales– por el Cedes, el Centro de Estudios Perinatales de Rosario (CREP), el Centro de Estudios en Población (Cenep) y el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina.

La radiografía de la situación argentina fue el eje de la primera sesión de la reunión del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana que patrocinan la OMS, el PNUD, Unfpa y Banco Mundial. Se trata del órgano más importante del sistema de Naciones Unidas en la temática. Es la primera vez que sesiona fuera de Ginebra –donde tiene su sede– en sus veinte años de existencia. Entre hoy y mañana, los integrantes de su comité conductor, provenientes de una veintena de países de los cinco continentes, analizarán los avances alcanzados en salud reproductiva durante el último año y debatirán hacia donde deben orientarse los estudios futuros en la materia. La argentina Silvina Ramos es la vicepresidenta de ese comité.

En la sesión inaugural de ayer estaba prevista la presencia de la ministra de Salud, Graciela Ocaña, pero la funcionaria se excusó de concurrir en la noche del domingo y en su lugar mandó al secretario de Determinantes de Salud, Alberto Hernández, quien hasta asumir en la cartera sanitaria se desempeñó al frente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (ver aparte).

Las diferencias regionales con relación a la salud reproductiva tienen distintas caras. Algunas de ellas, destacadas por el informe, son las siguientes:

- Por cada cien egresos hospitalarios por parto, en promedio en el país son atendidas por aborto 21 mujeres. En La Rioja, 50 (allí se registra la mayor proporción); en Río Negro, 10 (el número más bajo).

- Las provincias patagónicas tienen mejores indicadores en salud reproductiva. No es casual que sean las que han sido pioneras en leyes y programas de reparto de anticonceptivos y anticoncepción quirúrgica.

- Mientras en Capital Federal y el Gran Buenos Aires los controles prenatales son extendidos (9 de cada 10 embarazadas realizan 6 o más durante el embarazo), en el NEA y el NOA el total de mujeres que cumple con esa recomendación se reduce a unas 6 de cada 10. En el NEA hay un 1 por ciento y en el NOA un 3 por ciento de embarazadas que directamente no se hacen ningún control previo al parto.

- En la Argentina, 5 de cada 10 mujeres no tienen cobertura de salud, según datos de 2001.

Los visitantes extranjeros se mostraron preocupados por las desigualdades. “Hay mucha disparidad en el acceso a la salud materna y a los cuidados. Tenemos un gobierno muy centralizado en Buenos Aires, donde se prestan buenos servicios de atención en la Capital Federal, pero no ocurre lo mismo en el NOA y NEA. Hay que reactivar el diálogo con el Gobierno para descentralizar las finanzas a las provincias y trabajar para enfrentar la inequidad”, consideró Olivier Adam, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuando le tocó opinar. También expresó su preocupación por ese panorama la tunecina Hedia Belhadj, máxima especialista en salud reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). Y el representante en la reunión del Banco Mundial, Khama Rogo abogó por que las autoridades se nutran más de los resultados de las investigaciones –que marcan rumbos para bajar la mortalidad materna– para aplicar en las políticas públicas. “Tenemos aquí una masa crítica de investigadores bien capacitada. ¿Cómo podemos hacer para que trabajen más en conjunto con los decisores políticos?”, se preguntó Rogo.

Fuente: pagina 12


Aumento de las utilidades giradas al exterior

En el primer trimestre del año, las empresas enviaron a sus casas matrices más de 1.400 millones de dólares, récord desde 2003.

En el primer trimestre del gobierno de Cristina Fernández las multinacionales que operan en el país tuvieron su mejor comienzo de año desde que se realiza la estadística del balance de pagos. Los grupos extranjeros giraron a sus casas matrices utilidades y dividendos por 1.463 millones de dólares, casi 20% más que las ganancias enviadas durante el mismo período de 2007. La deuda externa del sector público y privado aumentó 3.389 millones de dólares frente a los últimos tres meses del año pasado.

La Dirección de Cuentas Internacionales, encargada de seguir las cuentas externas, aseguró que el giro de utilidades de las empresas se explicó “al menos en parte, por mayores precios de los productos exportables, excluyendo el petróleo”. Es decir, la remisión de utilidades al exterior se debió a los buenos resultados de las grandes exportadoras de granos, el principal rubro de ventas al extranjero.

La remisión de utilidades y dividendos crece sin parar desde la devaluación. Desde 881 millones de dólares en 2003, el primer envío positivo desde la crisis, el monto saltó a 2.286 millones en 2004, volvió a dispararse el año siguiente hasta los 3.865 millones, cerró en 4.637 millones en 2006, y creció a 4.948 millones el año pasado.

Fuente: Critica Digital