Buque: peligros y movilización popular

En una actitud incomprensible, el dirigente del CTM, Ing. Fernando Rey Saravia afirman que ubo inconvenientes dentro del buque, intentan tranquilizar diciendo y que "no se trató de pérdidas de gas". Sin embargo, esto no hace a su función que es controlar e informar a la población. Lejos de tranquilizar, preocupa. Por ello, nos sumamos a la convocatoria realizada por los vecinos autoconvocados de White, movilizando frente a la delegación de la localidad portuaria para hacerle llegar una presentación al delegado Hernán Peter, ya que los funcionarios locales han desoido todas las voces de los vecinos y distinas organizaciones sociales y políticas, de repudio y manifestando que el buque no cumple con las medidas de seguridad pertinente.

Más muertes infantiles en 2007

La tasa de mortalidad infantil bajó desde 2002 en adelante. Sin embargo, las cifras que procesa la Dirección de Estadísticas muestran un cambio en la tendencia.

2008 Aumento. Las muertes infantiles crecieron en 1,8% respecto de 2006.

La ministra de Salud, Graciela Ocaña, ya lo sabe. Pero hasta que no estén procesados los datos que se encuentran en poder de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), no se comunicara oficialmente la peor noticia que recibirá Cristina Fernández desde que asumió la presidencia de la Nación.

Por primera vez desde 2003, la mortalidad infantil argentina registró un crecimiento durante 2007. Según los informes preliminares suministrados por las oficinas jurisdiccionales de estadísticas de Salud de todas las provincias, la suba de la cantidad de muertes infantiles es del 1,8 por ciento. Desde 2002, la curva mostró descensos: de los 16,8 por cada mil nacidos vivos registrados entonces a los 12,9 de 2006, la baja fue de casi cuatro puntos. Pero la tendencia se modificó. De acuerdo con la información a la que Crítica de la Argentina accedió en exclusiva, durante 2007 fallecieron 8.688 criaturas menores de cinco años, 152 más que los 8.536 registrados en 2006.

Los datos desagregados por distrito muestran el crecimiento en las provincias más importantes desde lo demográfico como Buenos Aires, donde las cifras se incrementaron en un 7,4% (de 2.800 fallecidos a 3.008); Córdoba, donde alcanzó el 6% (de 554 a 587); o Santa Fe, donde subió 9% (de 445 a 485). También subieron las defunciones infantiles en distritos pequeños como La Pampa (20%); San Luis (22%), Santiago del Estero (6,4%) y Tucumán (4,7%). Siempre según los datos registrados a nivel provincial que están en poder de la DEIS, las provincias que mejor hicieron sus deberes fueron Corrientes, donde los fallecimientos bajaron 15,4%; Neuquén, donde descendieron en un 11%; y la ciudad de Buenos Aires, con una baja pocentual del 1,8.

En su documento 26144/03, el Banco Mundial realizó un diagnóstico de la situación sanitaria argentina donde destaca el crecimiento de la mortalidad infantil como punto más importante a resolver. La entidad bancaria propuso entonces que “el cuidado de la salud de la población más pobre y vulnerable esté a cargo de las provincias”. Sobre esta base, la gestión de Ginés González García concibió el denominado Plan Federal de Salud, cuyo objetivo más urgente fue la puesta en marcha de un “seguro materno infantil que garantice una drástica reducción de los indicadores sanitarios”.

El órgano ejecutor de este plan es el Consejo Federal de Salud (COFESA), el mismo ente donde –según testimonios de sanitaristas publicados ayer– se impartió “la instrucción de no registrar a los nacidos vivos con peso inferior a los 500 gramos”. Para cubrir los costos de este plan, a fines de 2004, el Banco Mundial otorgó un crédito de 135,8 millones de dólares a la Argentina.

El préstamo BIRF 7225-AR estuvo destinado a financiar un proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial (SMI) cuyo objetivo principal era “frenar el incremento de la mortalidad infantil y procurar su disminución”. Entre los componentes originales del programa, la carta de compromiso incluye “la implementación del Seguro Materno Infantil, el apoyo al fortalecimiento institucional y del rol de rectoría del Ministerio de Salud y de las provincias incorporadas al SMI” (todas las del noroeste y noreste del país).

En el convenio se estipula que “las actividades financiadas por este préstamo concluirían en junio de 2009” y sus desembolsos “se realizarán de acuerdo al cumplimiento de las metas acordadas”.

En abril de 2007, la por entonces ministra de Economía Felisa Miceli viajó a Washington para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí se reunió con Paul Wolfowitz, titular del Banco Mundial, quien destacó el trabajo del Gobierno en la lucha contra la pobreza, “en especial los préstamos para el sector Salud que han permitido la disminución de la mortalidad infantil y la mortalidad de las madres en parto”, según informaba un comunicado del Ministerio de Economía. La ex titular de Hacienda expuso sobre la mejora registrada en los últimos años en indicadores sociales, entre ellos la mortalidad infantil.

Sapag acuerda nuevos contratos petroleros, aunque vencen en 2017

El gobierno neuquino extenderá la concesión de explotación de hidrocarburos, pero la Constitución impide prórrogas.

Las compañías tienen tiempo hasta el lunes para comprar los pliegos.

Aunque la Constitución neuquina se lo prohíbe, el gobernador Jorge Sapag extenderá por diez años las concesiones de las petroleras que renegocien sus contratos con la provincia. La renovación llega con casi una década de anticipación, ya que la mayoría de los plazos sellados en la gestión menemista vencen entre 2015 y 2017. Movimientos sociales, gremiales y políticos denunciaron la inconstitucionalidad del decreto, que en el corto plazo busca generar ingresos en efectivo en medio de un panorama financiero complicado.

Neuquén es el segundo productor nacional de petróleo y el primero de gas natural. La mitad de su presupuesto se basa en las regalías que percibe del puñado de empresas que explotan los hidrocarburos en su rico territorio. En ese contexto, la renovación de los contratos es una perla tan preciada como limitada por la flamante Constitución provincial, que aún no cumplió dos años de vida.

Ante la convocatoria de Sapag a las petroleras que quieran renegociar y extender sus contratos, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) neuquina presentó en la Justicia un recurso de nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional.

La acción judicial se apoya, principalmente, en tres artículos de la Constitución provincial. Los puntos 95 y 96 de la carta magna local establecen que “la explotación, industrialización y comercialización de los recursos hidrocarburíferos provinciales sólo pueden efectuarse por organismos fiscales municipales, provinciales o nacionales, o por entidades autárquicas”.

En cuanto a los contratos firmados tiempo atrás con compañías extranjeras pero que aún están en vigencia, el artículo 100 dice que “caducarán indefectiblemente a su término”. Según la presentación de la CTA, el decreto 822 que firmó Sapag el 30 de mayo pasado es inconstitucional ya que viola estos artículos. “La Constitución excluye toda concesión a empresas privadas e impide extender las concesiones ya otorgadas por el gobierno federal”, sostiene el escrito.

El decreto en cuestión convoca a las empresas a inscribirse en el Registro Provincial de Renegociación de Concesiones de Áreas Hidrocarburíferas. El gobernador argumenta que, al no existir más YPF como sociedad estatal, la provincia está habilitada para renegociar los contratos.

Si bien en la cuenca existen unas 70 concesiones otorgadas por el Estado nacional, la mayoría está en poder de YPF –controlada por la española Repsol–, la brasileña Petrobras, Apache y Chevron –capitales estadounidenses– y la francesa Total. Con ellas deberá sentarse a negociar el gobernador, quien les exigirá el pago de un canon inicial “a convenir entre las partes” y un aumento de las regalías del 12%, establecido por ley nacional, al 15 por ciento.

Desde fines de 2006, con la sanción de la llamada Ley Corta que transfiere a las provincias el dominio sobre los recursos, las empresas cuentan con la ventaja de tener que negociar directamente con las provincias, más débiles que el Estado nacional y con una necesidad de recursos más apremiante.

Tanto el Gobierno como las empresas argumentan que el negocio petrolero necesita tiempos largos que garanticen las amortizaciones financieras. Las firmas sostienen que si en 10 años finalizan sus contratos, no tiene sentido iniciar los costosos procesos de exploración. Sin embargo, hasta la actualidad, las petroleras prácticamente no han hecho inversiones ya que trabajaron en base a las áreas exploradas por la YPF estatal. Según el decreto, las compañías tienen tiempo hasta el lunes próximo para comprar los pliegos con las bases y condiciones de renegociación (cuestan 10 mil pesos) y otros 60 días para inscribirse en el registro.

Mientras tanto, varias organizaciones, como el Grupo Moreno, la Federación Universitaria de Comahue y el Foro de Ciudadanos por la Democracia, se unieron en el Movimiento por la Recuperación de Nuestro Petróleo y demás recursos energéticos (Morpre). Además de gestionar audiencias con el gobernador, con miembros de la comisión de hidrocarburos de la Legislatura y con vocales del Tribunal Superior de Justicia, organizarán una movilización para el próximo 20 de junio. La CTA local avanzó un paso más y presentó ante la Justicia su recurso de nulidad.

Si se cumple con el cronograma establecido, a fin de año se develará cuál será la situación de la mayoría de los yacimientos neuquinos en las próximas dos décadas.

Con papel de calcar, Chubut y Santa Cruz

Al igual que lo hizo Jorge Sapag en Neuquén, los gobernadores también kirchneristas Daniel Peralta, de Santa Cruz, y Mario Das Neves, de Chubut, extendieron por adelantado las licitaciones de la petrolera Pan American Energy.

Los contratos que vencían en 2018 durarán hasta 2027 y en el caso de Chubut, el convenio deja abierta la posibilidad de una prórroga por otros 20 años.

Sin embargo, a nivel jurídico, algo las diferencia: ninguna de las dos provincias tiene constituciones que les impida dar continuidad al negocio privado.

Pan American Energy es una de las petrolera más importantes que opera en el país en un mercado que lidera de Repsol YPF. A partir de los acuerdos con los gobernadores patagónicos, podrá continuar explotando por al menos dos décadas más las áreas hidrocarburíferas Piedra Clavada, Koluel Kaike y la inmensa Cerro Dragón.

Río Turbio

El juez federal de Río Gallegos Gerardo Caamaño procesó a tres ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en la causa que investiga el incendio que causó catorce muertes. Los mineros fueron sobreseídos.

Por Adriana Meyer

A pocas horas de que se cumplan cuatro años de la tragedia de Río Turbio, la Justicia federal de Río Gallegos procesó a tres ex funcionarios de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y sobreseyó a tres obreros en la causa que investiga el incendio que en junio de 2004 causó la muerte a 14 mineros. En un fallo elogiado por la querella, el juez federal Gerardo Caamaño procesó sin prisión preventiva a Fermín Garnica, jefe de seguridad del turno en que ocurrieron los hechos, por considerarlo “coautor penalmente responsable de homicidio culposo”.

El incendio en la Mina 5 del yacimiento ocurrió el 14 de junio de 2004, cerca de las 22.30 y a poco de ingresar el tercer turno de trabajadores, en una de las galerías principales. Algunos hombres pudieron escapar, pero catorce de ellos quedaron atrapados en la montaña, donde la acumulación de gases tóxicos y un derrumbe les provocaron la muerte.

El juez Camaño también procesó como “coautores penalmente responsables del delito de estrago culposo” a Esteban Loncaric, interventor en ese momento del Yacimiento, y a Eduardo Shabner, jefe de seguridad de la mina. En cambio, en el mismo fallo, sobreseyó a los mineros Gregorio Daniel Tolosa, Ramón Ricardo Pazos y Tomás Rodríguez, quienes hasta esta nueva sentencia estaban procesados por homicidio culposo y habían sido los primeros en quedar imputados en la causa. “En realidad, se probó que los trabajadores sobreseídos eran víctimas de la falta de seguridad en la mina y que realmente ellos también podrían haber muerto”, dijo Bernardino Zaffrani, que representa a familiares de las víctimas.

El abogado querellante opinó que el fallo representa “un gran avance” para la causa y destacó que quedó “probado que las responsabilidades estaban más arriba y no en los mineros, que fueron sobrevivientes de la tragedia”. En diálogo con PáginaI12, explicó que hay dos funcionarios de alto nivel que podrían ser acusados por sus “conductas homicidas”: los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Minería, Daniel Cameron, que entonces ocupaban las mismas carteras. “Antes de la tragedia habían anunciado que iban a invertir 34 millones, pero luego cuando en la causa se les pidió información pericial no la mandaron nunca, al igual que la AGN (Auditoría General de la Nación), y eso retrasó mucho el caso”, precisó Zaffrani. Según su enfoque, el juez debió procesarlos por desobediencia, dado que habrían incumplido una orden judicial. El letrado adelantó que ahora trabaja para agregar a la carátula del expediente la figura de estrago doloso, que es más grave. Si no lo logra en su apelación ante la Cámara, los acusados no sólo evitarán la cárcel, sino que pueden pedir la probation en lugar de ir a juicio oral. “Estamos aprendiendo de lo de Cromañón, debieron prefigurarse que con esa forma de trabajo podía pasar una tragedia, no había ningún elemento de seguridad ni preparación del personal para emergencias”, completó.

El entonces presidente Néstor Kirchner había viajado a Río Turbio para acompañar a los familiares en los funerales de los mineros fallecidos. Poco después, removió a la cúpula de la empresa y nombró interventor al entonces diputado provincial y actual gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. Desde ese momento, los sueldos de los mineros se incrementaron en forma considerable y la seguridad mejoró en algunos aspectos: ahora cuentan con un equipo portátil de oxígeno.