Las promesas tienen retensiones

La Presidenta dijo que destinará la mayor recaudación por impuestos a exportaciones de soja a construir hospitales, caminos y viviendas. Según marcan las propias planillas oficiales, el Presupuesto está subejecutado en los tres rubros.

La Presidenta dijo que destinará la recaudación adicional por las retenciones a un Plan de Redistribución.

El Gobierno nacional anunció que entre 2008 y 2009 destinará 2.100 millones de dólares para el Programa de Redistribución Social que lanzó el lunes la Presidenta. Ese monto es el que estima que recaudará con la aplicación de las retenciones móviles a la exportación de soja.

Se trata del único dato que aportó la publicación en el Boletín Oficial del programa anunciado para la construcción de hospitales, “viviendas populares” y caminos rurales. Aún no informó el Ejecutivo con qué criterio territorial se distribuirán los recursos. Tampoco publicó que los programas vigentes de infraestructura social tienen un altísimo nivel de subejecución. Para decirlo de otro modo, el Gobierno no gasta el dinero que ya tiene asignado para los planes que anunció.

Entre 2004 y 2005, el gobierno de Néstor Kirchner prometió que construiría 320 mil viviendas en tres años a través de dos planes federales. El plazo se agotó, y las casas aún no están. Hasta que asumió Cristina Fernández, el Gobierno nacional había entregado unas 74.500 de esas viviendas, según publica en su sitio web la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es decir, se había finalizado poco menos del 25 por ciento del programa. Y desde que está en la Casa Rosada, la Presidenta cortó la cinta de otras 7.500 “soluciones habitacionales”. Ahora suman 81.700 las nuevas viviendas K. En el camino de la promesa quedan 238 mil que, también según datos oficiales, están “firmadas” o “en ejecución”.

El sistema de distribución de los fondos que rige para los planes federales de viviendas es igual al que anunció el Gobierno para las nuevas promesas: convenios particulares con cada gobernador o intendente. Es decir, la Nación gira el dinero y las provincias se ocupan de hacer las obras. Pero el dinero no siempre llega. Ni siquiera cuando las obras están en marcha. Un caso a modo de ejemplo. Entre los primeros barrios K que se proyectaron figuró un plan de 139 viviendas para Tandil. Cuando se licitó la obra, cada vivienda costaba 40 mil pesos. Las obras comenzaron en mayo de 2005, hace tres años, pero nunca se terminaron.

La Nación giró 3,5 millones pero sólo llegó la mitad al municipio. Hoy, cada vivienda que se licita del plan cuesta más de 70 mil pesos. Los trabajos están paralizados, y los números en rojo. Ciento treinta y nueve familias continúan sin casa.

Otro ejemplo de cómo se distribuyen los fondos destinados a los planes de vivienda puede observarse en el Plan de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica que depende del Ministerio de Planificación.

Para este año tiene asignados 560 millones de pesos, que equivalen a un cuarto del fondo previsto para 2008 del programa anunciado el lunes. Al 1° de junio, Julio De Vido le había girado a los gobernadores cerca del 20 por ciento de ese dinero, 114 millones de pesos. Pero no los distribuyó entre todos por igual. Los amigos de la Casa Rosada, Jorge Alperovich (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta), Maurice Closs (Misiones) y Mario Das Neves (Chubut) recibieron 58 millones, más de la mitad de todo el dinero que les giraron a las provincias.

El Programa de Redistribución Social es el segundo plan centrado en infraestructura sanitaria y habitacional que anunció Cristina Fernández durante este otoño. El 11 de abril había lanzado el Plan Ahí. El menú es similar: 20 mil viviendas rurales, la creación y el mejoramiento de vías de acceso rurales y 223 Centros Integradores Comunitarios (CIC).

El nuevo programa prevé distribuir el 60% de los fondos que reciba en hospitales, el 20%, en viviendas urbanas y rurales y el restante 20% en el mejoramiento de caminos rurales.

Las promesas sanitarias del kirchnerismo tampoco se han ejecutado plenamente. Otro ejemplo. Desde 2006, el Gobierno incluyó todos los años en el Presupuesto una partida de 5 millones de pesos para refaccionar los hospitales de Jujuy. Nunca enviaron un solo peso. La última vez que el Gobierno nacional aportó para los hospitales de esa provincia fue en 2004.

Las provincias pierden

Los fondos del plan de redistribución social irán a obras cuyas partidas estaban previstas pero no se liberaron para cuidar el superávit. En el primer cuatrimestre, según la consultora Economía y Regiones (E&R), las transferencias discrecionales de fondos a las provincias (como se conoce a las destinadas a obras y planes sociales administrados descentralizadamente) cayeron un 0,3%. Si se descuenta la inflación de los costos de la construcción, los envíos reales son cerca del 20% menores. El gasto, entre enero y abril, creció 35%. Pero lo hizo impulsado por los subsidios al sector privado, que treparon un 53 por ciento.

Fuente: Crítica Digital


Evo echó a los jefes de su policía

Junto con el comandante en jefe de la policía de La Paz fueron relevados los jefes policiales de los ocho departamentos restantes. También fue criticado el jefe policial de Chuquisaca por reprimir en Sucre. Críticas para la Justicia.

Por Sebastián Ochoa

Desde Sucre, Chuquisaca

Víctor Hugo Escóbar, comandante de la policía de La Paz durante la represión a los miles de manifestantes que deseaban tomar la Embajada de Estados Unidos, fue criticado por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada. “Fue una movilización multitudinaria en la cual se debió haber preparado un operativo de seguridad de mejores condiciones –dijo–. Tengo mis observaciones y estoy evaluando la situación de algunos comandantes departamentales que hablan mucho pero hacen poco.” A las pocas horas el ministro cambió a los nueve comandantes departamentales del país. Según Rada, se renovó a los jefes verde olivo porque “es necesario controlar la violencia política que se ha desatado en el país en el último año, violencia política que está adquiriendo contornos de terrorismo”. Las organizaciones sociales de El Alto anunciaron que volverán a la embajada y posiblemente la incendien. Sería la respuesta al asilo humanitario que el país del Norte otorgó a Carlos “el Zorro” Sánchez Berzaín, ministro de Defensa durante la llamada Guerra del Gas, que en octubre de 2003 causó más de 68 muertes entre los alteños. Mientras, el gobierno de Evo Morales insiste para que Estados Unidos mande a Bolivia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, acusados de genocidio. El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, afirmó que “Estados Unidos obstruye a la Justicia boliviana”.

Durante el acto de posesión de los nuevos comandantes, el ministro de Gobierno sostuvo que “es saludable la renovación que conserva lo esencial de la Policía Nacional, su doctrina, disciplina, obediencia al mando constitucionalmente definido y su carácter de institución nacional con un mando único”. También aprovechó para hablar (mal) del Poder Judicial boliviano: “Hoy la policía investiga, muchas veces tiene resultados en la aprehensión de delincuentes que son entregados a los operadores de Justicia. Sin embargo, a las pocas horas son liberados para que cometan nuevas fechorías”. Sin mencionarlo, se refería a Roberto Lenin Sandoval López, identificado por organismos de inteligencia como uno de los principales agresores a los indígenas quechuas golpeados y humillados el 24 de mayo en la plaza central de Sucre. Roberto Lenin, militante de Juventud Conciencia de Chuquisaca y jefe de campaña de la candidata a prefecta Sabina Cuéllar, fue secuestrado en esta ciudad la semana pasada por agentes del Estado y enviado a la Justicia junto a las pruebas que lo complicaban. Pero el juez de El Alto Daniel Espinar ordenó su liberación porque en su detención no se habían respetado sus derechos. “Hay un accionar inefectivo de los operadores de justicia, que lo único que están haciendo es alentar la impunidad”, afirmó Rada.

Desde el gobierno evidenciaron que hubo “excesos” en la policía para defender la embajada de los 20 mil alteños que se la tienen jurada. “No se debió acudir a la fácil vía de la represión –evaluó Rada–. Hay que acudir a la prevención, sobre todo en una movilización de características tan multitudinarias. Con criterio profesional podría habérsela controlado.”

El embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, dijo en un comunicado: “Respetamos todas las manifestaciones democráticas y pacíficas. Sin embargo, lamentamos estos hechos de violencia”. Agradeció a los policías por cuidarles la propiedad y ratificó su “deseo de mejorar las relaciones bilaterales con Bolivia en el marco del mutuo respeto”.

Tras el intento de toma, el embajador se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores para darle su versión sobre el asilo que EE.UU. dio a Sánchez Berzaín. Choquehuanca contó a radio Erbol que Goldberg “se quejó” por la manifestación ante su embajada. Según el canciller, le dijo: “Fue peor que Bolivia no haya sido informada del asilo” al ex ministro de Defensa.

Choquehuanca detalló que las explicaciones del embajador “nos dejaron insatisfechos. Dice que ni él conoce sobre el tema del asilo y que incluso él mismo fue sorprendido por esa información”. Y opinó que “es lamentable. El asilo a Sánchez Berzaín sólo perjudica la construcción de buenas relaciones entre Estados Unidos y Bolivia”.

Fuente: Página 12

Buque regasificador: la Justicia contra la voluntad popular

El martes de la semana pasada, los fiscales Hugo Omar Cañón y Antonio Castaño, el defensor oficial Gabriel Jarque y vecinos de White y Bahía Blanca, presentaron un recurso extraordinario, en relación con la presencia del buque regasificador Excelsior en el puerto local.
Allí se cuestionaban las decisiones que tomaron el juez de primera instancia (Alcindo Alvarez Canale) y los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, Dres. Luis Montezanti y Angel Argañaraz, y solicitaron que el recurso interpuesto fuera analizado por los miembros de la Sala I, Dres. Luis Cotter y Ricardo Planes.
Nuevamente, la Justicia desoye los argumentos de los letrados que se hicieron eco de la peligrosidad del emprendimiento y del rechazo soberano de nuestra población, y rechazaron la medida. Si bien no se conocen mayores detalles de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, la novedad fue confirmada por el propio fiscal Hugo Omar Cañon.

Todos los recursos

Según explicó esta mañana en un progrma de radio Raúl Woscoff, dirigente de Integración Ciudadana, las personas que presentaron el recurso extraordinario aún tienen una instancia más para tratar de evitar que el buque metanero continúe inyectando gas a la red nacional desde el muelle de Mega.
“Tienen la posibilidad de interponer un recurso de queja por la negativa del recurso”, admitió al tiempo que recalcó que “es una instancia todavía abierta”.
Además, señaló las responsabilidades existentes en la imposición del buque para nuestro puerto. “En la causa se evidencian claramente los incumplimientos de algunos de los organismos citados y, lo más grave, son los silencios y omisiones de los ámbitos nacional, provincial y local”, enfatizó.
Asimismo, admitió que “si no hubiera existido una acción de amparo, tampoco se habrían realizado cinco resoluciones en el Consorcio de Gestión del Puerto o en la Prefectura Naval”.
“Mucho más grave en cuanto a los silencios- insistió Woscoff- fue la existencia de un proyecto de radicación de una planta regasificadora en la ciudad, cuya apertura de pliego, de acuerdo a las condiciones impuestas por ENARSA y PDVSA se debería haber abierto ayer”.
“Entre las condiciones de la licitación internacional, se obliga a quienes participan como oferentes a contemplar únicamente al puerto de Bahía Blanca como el lugar de radicación”, expresó Woscoff.