SE LANZO LA CONSTITUYENTE SOCIAL EN BAHIA BLANCA

El miércoles 25 de Junio se lanzó en nuestra ciudad la llamada Constituyene Social. Se trata de una convocatoria propuesta por la Central de Trabajadores Argentinos hacia todos los sectores populares.
Con la presencia de dos dirigentes nacionales, Cachorro Godoy (ATE) y José Martinez (AJB), y más de sensenta dirigentes sociales, gremiales, políticos y de la cultura de nuestra ciudad y la región, se realizó el acto en la sede de ATE, de San Martín 740.
Godoy sintetizó el espíritu de la convocatoria en tres ejes centrales, y según digo "tenemos que madurar para concentrar nuestros esfuerzos en las coincidencias, en los puntos en común, y no hacer centro en aquello que nos diferencia. Por eso, la propuesta de la Consituyente Social es que nos convoquemos en torno a los ejes de la redistribución de la riqueza, la recuperació de nuestra soberanía, y la profundización de la democracia".
Las organizaciones allí presentes acordaron un nuevo encuentro que exceda a las dirigencias y que sume a más organizaciones y la sociedad civil a esta iniciativa.
En síntesis, se pretende generar una discución desde los sectores populares, hacia ellos, en función de "construir una fuerza política de nuevo tipo" que nos permita no solo "terminar con gobiernos injunstos, como en 2001, sino ser capaces de generar verdadero poder popular con capacidad ser alternativa política."

Denunciaron el incumplimiento de medidas de seguridad con los buques regasificadores

La asamblea pública realizada el último viernes en el teatro de la Sociedad Italiana de White no sólo sirvió para que los vecinos de la localidad portuaria y de Bahía Blanca expresaran su bronca y preocupación por la operatoria del Excelsior y de los metaneros que llegan para reabastecerlo, sino que arrojó una denuncia penal.
Esta tarde, un grupo de personas integrado por las señoras Juana Cubaile y Guillermina Huerta, y por el profesor Pedro González Prieto y Dr. Adán Pucci, presentó una denuncia en el Juzgado Federal Nº2 en el que explican una serie de normativas de seguridad que no se cumplen en la maniobra realizada por los buques gasíferos en el puerto local.
Entre la documentación que acompañó la presentación, se entregaron las planillas con las firmas de los concurrentes a la reunión, las páginas del diario La Nueva Provincia en las que se relata lo ocurrido en la reunión del viernes, sobre todo, los hechos denunciados por el Perito Naval Elías Feran y el concejal Norberto Martínez; la resolución de la Asamblea que se realizó en el Salón Blanco del municipio, en la que se dejó constancia de la violación de legislación de orden público; y la preocupación de los vecinos, que “vislumbran al juez que debe entender en la causa sumergido detrás de una montaña de informes inextricables en los que se pretende convencerlo de las bondades de los hechos y la distancia de la realidad, en que lo colocan con ello”.
Entre los hechos que pidieron que se investiguen, se encuentran:
- La “falta de correspondencia entre las seguridades informadas al Dr. Alcindo Álvarez Canale, como tomadas por las empresas responsables de la reducción de los riesgos de operaciones del buque regasificador y los gaseros y la realidad desnudada en el acto del 20 de junio en el teatro Verdi de Ing. White”.
- Los consiguientes “incumplimientos de las obligaciones” de los responsables principales de la operación de la planta regasificadora, de permanencia constante de remolcadores junto al buque regasificador para asegurar la salida de emergencia.
- La “falta de cumplimiento” con los requisitos -certificación pertinente- de potencia necesaria para el desplazamiento en caso de emergencia, de los remolcadores.
- La imposibilidad de comunicarse entre el personal de remolcadores y el personal del buque regasificador, porque unos hablan en inglés y otros en español y no hay traductores ni bilingües.
- Las “infracciones a la prohibiciones de movilizar buques de más de 160 mts. de eslora por la ría con un solo remolcador”, al detectarse el retiro con un solo remolcador del Olga VI, de la empresa Profertil. Esto constatado circunstancialmente por un particular.
- Y el “incumplimiento y violación de las leyes y el estricto marco regulatorio existente para garantizar la seguridad de la población, de las empresas del Polo y del medio ambiente y el pedido de investigación”, entre otros.

La operatoria de los metaneros que recargan al Excelsior “no es segura”

El informe del perito naval Elías Feran fue tomado en cuenta para realizar la denuncia mencionada. En su exposición del pasado viernes, el especialista consideró que el problema no radica en el amarre del Buque Excelsior, ya que cuenta con un avanzado nivel técnico y se encuentra conectado a tierra por medio de un brazo de carga de iguales condiciones técnicas.
La denuncia se centra en el amarre en segunda andana del Regasificador Excelerate la semana pasada, y en los que vendrán próximamente. “En ésta situación el amarre ya no es seguro”, entendió Ferán y explicó luego que la conexión tampoco se garantiza a pesar de las válvulas de cierre rápido, mangueras de certificación aprobada y otro detalle que nadie de los que tienen que ejercer los controles, debido a que el buque reaprovisionador trasvasa al Excelsior metano líquido. “Este es el estado del producto que genera el mayor riesgo, por su estado criogénico, que liberado abruptamente a la atmósfera en una cantidad suficiente, formaría lo que se conoce un charco sobre el espejo de agua, a merced de las mareas, vientos y corrientes marinas”, destacó, al tiempo que aclaró que “como es sabido por todos los involucrados en ésta discusión, en un primer momento lo derramado se encuentra saturado de metano lo que lo hace no inflamable, pero a medida que sea transportado, se irá degradando, ganado oxigeno y en el momento que alcance la conocida proporción de entre el 5 y 15% de concentración de metano si se topara con un punto caliente, esa reacción por condiciones fisicoquímicas propias de la oxidación, vuelve hacia el punto de origen del derrame, y da lugar a la combustión de lo derramado, comprometiendo también todos los elementos existentes y combustibles almacenados en la planta adyacente”.
Además, fundamentó su posición considerando que “hay Ordenanzas vigentes de Prefectura Naval que lo prohíben”.
Otro de los puntos que resaltó fue que la operatoria “obstruye parcialmente” el canal de circulación hacia Pto. Galván. “Si la amarra fuera segura, la vida portuaria no se vería alterada y cada navío continuaría con su operación programada”, aseveró.
Asimismo, explicó que “la maniobra de zarpada en emergencia, ni aún teniendo los Remolcadores de apoyo a su costado, cosa que en la actualidad no sucede, no sería posible realizarla en los tiempos apuntados por el titular del área de gas para Repsol-YPF, Ing. Santos”.
Finalmente, consideró que la maniobra de alije en puerto es peligrosa porque “no hay antecedentes en ninguna parte del mundo”.

Fuente: Frente a Cano

Comunicado de FM FREEWAY 94.5

El día lunes 23 de junio por la mañana, esta radio fue víctima de un allanamiento bajo la figura de secuestro preventivo.

Tres funcionarios de la Comisión Nacional de Comunicaciones junto con la Policía Federal irrumpieron en la radio y se llevaron nuestros equipos de transmisión que nos permiten salir al aire todos los días, amparándose en la arcaica ley de Radiodifusión de la última dictadura militar que aún sigue vigente.

Ayudanos a comunicar e informar este atentado contra la libertad de expresión.

Boca en boca para que se sepa y no se callen las voces independientes.

FM FREEWAY 94.5 por ahora transmitiendo solo en internet en http://www.freewayrock.com.ar. Hasta que recuperemos el derecho constitucional de ejercer la comunicación independiente.

Adhesiones al 4 443 6858 o en el foro de la radio.

FREEWAYROCK 94.5 LA RADIO DEL ROCK INDEPENDIENTE.

"Wiñoy Xipantu” Celebración del año nuevo Mapuce en la Provincia de Neuquén.

Cómo cada 24 de Junio, el Kimvn, Conocimiento Mapuce, permite saber el momento exacto en que se produce el Wiñoy Xipantv o solsticio de invierno; nos indica que llega el momento preciso en que se genera la renovación de los ciclos de vida en esta parte del universo. Las diferentes zonales de la Confederación Mapuce Neuquina celebran el Wiñoy Xipantv movilizados y con propuestas ante el estado.

Puelmapu_ El pueblo mapuce en Neuquén celebrara este wiñoy xipantu através de cada una de las zonales de la confederación mapuce neuquina en cada una de ellas las familias mapuce renovaran su compromiso con cada uno de los elementos del wajmapu.
El pueblo mapuce hará la propuesta a la Legislatura de la Provincia de Neuquén
para que se declare el 24 de Junio, “Día Nacional Mapuce”, y que establezca como feriado provincial ese día y la autorización a todo integrante del pueblo Mapuche en relación laboral o escolar a ser parte de las ceremonias filosóficas que se realizan al efecto.
Otra importante iniciativa será la exigir la restitución a territorio mapuce de los restos del Toki Kajfvkra, hoy los restos de Kajfvkura se encuentran en manos del Museo de la Plata. Allí ha permanecido como una especie de trofeo de guerra y desde allí el pueblo mapuce lo rescatara. Tal gestión se realizara como continuadores de quien con su capacidad y visión inigualable gobernó a la primera Confederación Mapuce en este extremo del Waj Mapu, conocido hoy como Puel Mapu.
La Confederación Mapuce de Neuquén es, en la actualidad, la organización continuadora de aquel hecho histórico único que permitió la defensa de nuestra identidad, tal cual fue la Constitución de la Confederación de las Salinas Grandes creada por Kajfvkura a mediados del siglo XIX. La restitución de los restos del Toki a Neuquén es el regreso a su origen. Al encuentro con sus descendientes directos, al encuentro con pu logko y pu werken que como él trabajan por una sociedad intercultural con derechos e identidad y los miles de mapuce que recuerdan su figura como símbolo de libertad y justicia.
Neuquén es solo una de las provincias del estado Argentino donde el pueblo mapuce se encuentra asentado en cada una los mapuce renovaran fuerza para continuar la lucha ante los estados nacional y provincial por reconocimiento a la libre determinación como pueblo.

Fuente: Dpto. De Noticias AM 800 Wajzugun

Un presente griego para Godoy

El almirante Pablo Rossi presentó un escrito en la investigación por espionaje en la Base Naval de Trelew en el que responsabiliza al jefe de la Armada, Jorge Godoy, por el Plan de Inteligencia que puso en práctica y derivó en el pase a retiro de varios oficiales.
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Por Werner Pertot

En la causa de Trelew en la que está imputado por espionaje ilegal el jefe de la Armada, Jorge Godoy, su ex director de Inteligencia Naval Pablo Rossi, le dejó un regalito. Presentó un escrito que forma parte del sumario interno de la Armada, en el que le señala a Godoy que él convalidó el Plan Básico de Inteligencia Naval, edición 2005, por el cual habilitó el espionaje ilegal. Entre los documentos de la causa, también hay otra perlita: una lista de organizaciones “contraindicadas” por la Armada en caso de que busquen algún tipo de vinculación con la fuerza: incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de los organismos de derechos humanos y a los partidos de izquierda.

La lista data de 1995, pero aparece mencionada en otra resolución posterior al 2000, por lo que estaría vigente, al menos en parte. Se trata de la resolución 01/95 de contrainteligencia, un término que implica las tareas que se hacen para contrarrestar la inteligencia del enemigo. La firmaron el entonces jefe de la Armada, Enrique Molina Pico, y el entonces jefe de Inteligencia Naval, el capitán de corbeta Oscar Simian. Lo llamativo es a quiénes identifica como sospechosos para la Armada.

Además de la CIDH –una organización continental que forma parte de la OEA–, el listado incluye a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, a la mayoría de los partidos de izquierda –va de la Asociación Cultural El Arbol al PC, haciendo escala en todo el espectro trotskista– y a grupos “religiosos y sectarios”, entre los que incluye al Movimiento Juvenil Sionista y a los Hare Krishna. También hay nacionalidades “contraindicadas”, entre ellas la cubana (ver aparte).

La resolución plantea que todos los que aparecen en esa lista están “contraindicados” para tener “vinculaciones” con la Armada. Por “vinculaciones” entienden desde las contrataciones que haga la fuerza, hasta ingreso de personas ajenas a la Armada a las bases o los edificios, o bien que quieran ingresar como cadetes a la Marina. Para todos, existe un procedimiento de análisis de la persona, de sus antecedentes y los de sus familiares. El rastreo proviene –según explica la normativa secreta– de fuentes propias, del archivo de la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y de la comunidad de inteligencia local (que incluye a la policía). La normativa cita incluso un ejemplo de una persona a la que se rastreó hasta que las fuentes de inteligencia locales le informaron que había sido militante del PRT-ERP en los setenta. En la resolución, incluso, se agrega un formulario para hacer el pedido de informes de una persona que tenga cualquier tipo de relación con la Armada.

Obediencia debida

La causa por espionaje ilegal de Trelew salió a la luz en marzo de 2006, con la denuncia que hizo Carlos Alegre, uno de los integrantes del grupo de inteligencia de la Base Almirante Zar, que se negó a hacer espionaje ilegal (ver recuadro). Cuando se abrió la causa, el gobierno separó al director de Inteligencia, Pablo Rossi, y al número tres de la Armada, Eduardo Avilés, y cerró las oficinas de inteligencia de todas las bases, que fueron allanadas por la Justicia. Allí se encontraron fichas de inteligencia de políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos.

En una primera etapa de la causa –que está por llegar a juicio oral– se imputó a Rossi y Avilés y a los oficiales y suboficiales involucrados directamente por los documentos. El CELS presentó hace dos semanas una ampliación en la que pidió que se impute además a Godoy y a la cúpula de la Armada por haber firmado el plan de inteligencia que fijaba como objetivo las “amenazas asimétricas”, un concepto que abre la puerta al espionaje interno. El juez Hugo Sastre hizo lugar a las imputaciones y derivó la investigación en el fiscal Fernando Gelvez (ver aparte).

En un intento de defenderse con la vieja idea de la “obediencia debida”, Rossi presentó en la causa una copia del sumario administrativo que instruyó paralelamente la Armada. En él, adjuntó un documento que no estaba entre los secuestrados por la Justicia, donde Rossi propone el Plan de Inteligencia de 2005 y el jefe de la Armada lo convalida con su firma. Rossi hizo esta presentación antes de que Godoy fuera imputado, pero en la investigación actual sólo consigue complicarlo más.

En el sumario de la Armada, Rossi se defiende de las sanciones que le impuso la Armada por “no supervisar adecuadamente los procedimientos” del sistema de inteligencia y argumenta que sólo estaba cumpliendo órdenes de Godoy. “No estaba en la cabeza del director de Inteligencia Naval la obligación de modificar la doctrina de Inteligencia”, argumenta Rossi, que cita la resolución secreta 02/01 en la que el jefe de la Armada le ordenó “actualizar la doctrina de inteligencia”. También señala que el Plan de Inteligencia 2005 fue revisado y aprobado tanto por el segundo de la Armada, Benito Rótolo, como por Godoy. Rossi advierte además que, por lo que en la jerga militar se conoce como “doble gorra”, las oficinas de inteligencia dependen paralelamente de él como del Comando de Operaciones Navales, que responde directamente a Godoy.

Si bien Rossi intentó deslindar responsabilidades sobre Godoy, para los querellantes no está tan claro que las órdenes del jefe de la Armada lo absuelvan. “El cumplimiento de órdenes manifiestamente ilegítimas no eximen de responsabilidad a los subalternos que actúan bajo ese parámetro”, señaló el abogado del CELS Rodrigo Borda, que puso como ejemplo los casos de Alegre y Luis Alberto Sánchez, dos militares que se negaron a cumplir las órdenes de inteligencia ilegal y declararon en la causa. “Ahí hay un ejemplo de dos personas que se negaron a obedecer órdenes eminentemente ilegítimas. Eso implicó para ambos aprietes y sanciones informales y formales”, recordó Borda.

Fuente: pagina 12

La desigualdad como causa de muerte materna

Las mujeres jujeñas tienen 15 veces más probabilidades de morir por causas vinculadas con la maternidad que una porteña. La tremenda brecha salió a la luz durante el informe que investigadores locales presentaron ante expertos de 25 países.

Por Mariana Carbajal

Las mujeres en Jujuy tienen un riesgo quince veces más alto de morir por causas vinculadas a un embarazo y al parto que las que viven en la ciudad de Buenos Aires. Así de amplia es la brecha en salud reproductiva en la Argentina. Esta profunda desigualdad que se refleja en las tasas de mortalidad materna de las distintas provincias del país fue denunciada ayer en Buenos Aires por los principales investigadores en el tema ante encumbrados expertos de 25 países, en una reunión convocada por la Organización Mundial de la Salud para debatir el tema. “La inequidad en el acceso a la anticoncepción es un problema crítico”, advirtió Silvina Ramos, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), frente al director del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS, el belga Paul Van Look (ver entrevista aparte).

En Jujuy mueren 165 mujeres por afecciones vinculadas al embarazo, parto y puerperio cada 100 mil nacidos vivos. Es la tasa de mortalidad materna más alta del país, según el último registro oficial correspondiente a 2006. En la ciudad de Buenos Aires, fallecen por esas mismas causas sólo 18 cada 100 mil: es la tasa más baja. El promedio nacional es de 48 por 100 mil: la medición tuvo “un brusco aumento” del orden del 19 por ciento con respecto a 2005, señaló Ramos, ante un nutrido auditorio, compuesto también por representantes de organismos internacionales como PNUD y el Banco Mundial.

El informe hace referencia a las “fuertes inequidades regionales” en materia de salud reproductiva y a la “elevada participación de las complicaciones de abortos inseguros” en la mortalidad materna: casi un tercio de las muertes maternas se deben a esa causa. “A este ritmo, es casi imposible que la Argentina cumpla con los Objetivos del Milenio de reducir un tercio la mortalidad materna. Ni en el 2015, la fecha fijada, ni en el 2020 ni en el 2030”, alertó la experta. En siete años, la tasa de mortalidad materna nacional debería reducirse a 13 por 100 mil nacidos vivos. De mantenerse la tendencia actual, rondará un 39 por 100 mil, de acuerdo con las estimaciones realizadas por los especialistas.

Ramos fue la encargada de presentar el informe sobre “La salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina”, un panorama elaborado en forma conjunta –con estadísticas oficiales– por el Cedes, el Centro de Estudios Perinatales de Rosario (CREP), el Centro de Estudios en Población (Cenep) y el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina.

La radiografía de la situación argentina fue el eje de la primera sesión de la reunión del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana que patrocinan la OMS, el PNUD, Unfpa y Banco Mundial. Se trata del órgano más importante del sistema de Naciones Unidas en la temática. Es la primera vez que sesiona fuera de Ginebra –donde tiene su sede– en sus veinte años de existencia. Entre hoy y mañana, los integrantes de su comité conductor, provenientes de una veintena de países de los cinco continentes, analizarán los avances alcanzados en salud reproductiva durante el último año y debatirán hacia donde deben orientarse los estudios futuros en la materia. La argentina Silvina Ramos es la vicepresidenta de ese comité.

En la sesión inaugural de ayer estaba prevista la presencia de la ministra de Salud, Graciela Ocaña, pero la funcionaria se excusó de concurrir en la noche del domingo y en su lugar mandó al secretario de Determinantes de Salud, Alberto Hernández, quien hasta asumir en la cartera sanitaria se desempeñó al frente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (ver aparte).

Las diferencias regionales con relación a la salud reproductiva tienen distintas caras. Algunas de ellas, destacadas por el informe, son las siguientes:

- Por cada cien egresos hospitalarios por parto, en promedio en el país son atendidas por aborto 21 mujeres. En La Rioja, 50 (allí se registra la mayor proporción); en Río Negro, 10 (el número más bajo).

- Las provincias patagónicas tienen mejores indicadores en salud reproductiva. No es casual que sean las que han sido pioneras en leyes y programas de reparto de anticonceptivos y anticoncepción quirúrgica.

- Mientras en Capital Federal y el Gran Buenos Aires los controles prenatales son extendidos (9 de cada 10 embarazadas realizan 6 o más durante el embarazo), en el NEA y el NOA el total de mujeres que cumple con esa recomendación se reduce a unas 6 de cada 10. En el NEA hay un 1 por ciento y en el NOA un 3 por ciento de embarazadas que directamente no se hacen ningún control previo al parto.

- En la Argentina, 5 de cada 10 mujeres no tienen cobertura de salud, según datos de 2001.

Los visitantes extranjeros se mostraron preocupados por las desigualdades. “Hay mucha disparidad en el acceso a la salud materna y a los cuidados. Tenemos un gobierno muy centralizado en Buenos Aires, donde se prestan buenos servicios de atención en la Capital Federal, pero no ocurre lo mismo en el NOA y NEA. Hay que reactivar el diálogo con el Gobierno para descentralizar las finanzas a las provincias y trabajar para enfrentar la inequidad”, consideró Olivier Adam, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuando le tocó opinar. También expresó su preocupación por ese panorama la tunecina Hedia Belhadj, máxima especialista en salud reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). Y el representante en la reunión del Banco Mundial, Khama Rogo abogó por que las autoridades se nutran más de los resultados de las investigaciones –que marcan rumbos para bajar la mortalidad materna– para aplicar en las políticas públicas. “Tenemos aquí una masa crítica de investigadores bien capacitada. ¿Cómo podemos hacer para que trabajen más en conjunto con los decisores políticos?”, se preguntó Rogo.

Fuente: pagina 12


Aumento de las utilidades giradas al exterior

En el primer trimestre del año, las empresas enviaron a sus casas matrices más de 1.400 millones de dólares, récord desde 2003.

En el primer trimestre del gobierno de Cristina Fernández las multinacionales que operan en el país tuvieron su mejor comienzo de año desde que se realiza la estadística del balance de pagos. Los grupos extranjeros giraron a sus casas matrices utilidades y dividendos por 1.463 millones de dólares, casi 20% más que las ganancias enviadas durante el mismo período de 2007. La deuda externa del sector público y privado aumentó 3.389 millones de dólares frente a los últimos tres meses del año pasado.

La Dirección de Cuentas Internacionales, encargada de seguir las cuentas externas, aseguró que el giro de utilidades de las empresas se explicó “al menos en parte, por mayores precios de los productos exportables, excluyendo el petróleo”. Es decir, la remisión de utilidades al exterior se debió a los buenos resultados de las grandes exportadoras de granos, el principal rubro de ventas al extranjero.

La remisión de utilidades y dividendos crece sin parar desde la devaluación. Desde 881 millones de dólares en 2003, el primer envío positivo desde la crisis, el monto saltó a 2.286 millones en 2004, volvió a dispararse el año siguiente hasta los 3.865 millones, cerró en 4.637 millones en 2006, y creció a 4.948 millones el año pasado.

Fuente: Critica Digital

Las promesas tienen retensiones

La Presidenta dijo que destinará la mayor recaudación por impuestos a exportaciones de soja a construir hospitales, caminos y viviendas. Según marcan las propias planillas oficiales, el Presupuesto está subejecutado en los tres rubros.

La Presidenta dijo que destinará la recaudación adicional por las retenciones a un Plan de Redistribución.

El Gobierno nacional anunció que entre 2008 y 2009 destinará 2.100 millones de dólares para el Programa de Redistribución Social que lanzó el lunes la Presidenta. Ese monto es el que estima que recaudará con la aplicación de las retenciones móviles a la exportación de soja.

Se trata del único dato que aportó la publicación en el Boletín Oficial del programa anunciado para la construcción de hospitales, “viviendas populares” y caminos rurales. Aún no informó el Ejecutivo con qué criterio territorial se distribuirán los recursos. Tampoco publicó que los programas vigentes de infraestructura social tienen un altísimo nivel de subejecución. Para decirlo de otro modo, el Gobierno no gasta el dinero que ya tiene asignado para los planes que anunció.

Entre 2004 y 2005, el gobierno de Néstor Kirchner prometió que construiría 320 mil viviendas en tres años a través de dos planes federales. El plazo se agotó, y las casas aún no están. Hasta que asumió Cristina Fernández, el Gobierno nacional había entregado unas 74.500 de esas viviendas, según publica en su sitio web la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es decir, se había finalizado poco menos del 25 por ciento del programa. Y desde que está en la Casa Rosada, la Presidenta cortó la cinta de otras 7.500 “soluciones habitacionales”. Ahora suman 81.700 las nuevas viviendas K. En el camino de la promesa quedan 238 mil que, también según datos oficiales, están “firmadas” o “en ejecución”.

El sistema de distribución de los fondos que rige para los planes federales de viviendas es igual al que anunció el Gobierno para las nuevas promesas: convenios particulares con cada gobernador o intendente. Es decir, la Nación gira el dinero y las provincias se ocupan de hacer las obras. Pero el dinero no siempre llega. Ni siquiera cuando las obras están en marcha. Un caso a modo de ejemplo. Entre los primeros barrios K que se proyectaron figuró un plan de 139 viviendas para Tandil. Cuando se licitó la obra, cada vivienda costaba 40 mil pesos. Las obras comenzaron en mayo de 2005, hace tres años, pero nunca se terminaron.

La Nación giró 3,5 millones pero sólo llegó la mitad al municipio. Hoy, cada vivienda que se licita del plan cuesta más de 70 mil pesos. Los trabajos están paralizados, y los números en rojo. Ciento treinta y nueve familias continúan sin casa.

Otro ejemplo de cómo se distribuyen los fondos destinados a los planes de vivienda puede observarse en el Plan de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica que depende del Ministerio de Planificación.

Para este año tiene asignados 560 millones de pesos, que equivalen a un cuarto del fondo previsto para 2008 del programa anunciado el lunes. Al 1° de junio, Julio De Vido le había girado a los gobernadores cerca del 20 por ciento de ese dinero, 114 millones de pesos. Pero no los distribuyó entre todos por igual. Los amigos de la Casa Rosada, Jorge Alperovich (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta), Maurice Closs (Misiones) y Mario Das Neves (Chubut) recibieron 58 millones, más de la mitad de todo el dinero que les giraron a las provincias.

El Programa de Redistribución Social es el segundo plan centrado en infraestructura sanitaria y habitacional que anunció Cristina Fernández durante este otoño. El 11 de abril había lanzado el Plan Ahí. El menú es similar: 20 mil viviendas rurales, la creación y el mejoramiento de vías de acceso rurales y 223 Centros Integradores Comunitarios (CIC).

El nuevo programa prevé distribuir el 60% de los fondos que reciba en hospitales, el 20%, en viviendas urbanas y rurales y el restante 20% en el mejoramiento de caminos rurales.

Las promesas sanitarias del kirchnerismo tampoco se han ejecutado plenamente. Otro ejemplo. Desde 2006, el Gobierno incluyó todos los años en el Presupuesto una partida de 5 millones de pesos para refaccionar los hospitales de Jujuy. Nunca enviaron un solo peso. La última vez que el Gobierno nacional aportó para los hospitales de esa provincia fue en 2004.

Las provincias pierden

Los fondos del plan de redistribución social irán a obras cuyas partidas estaban previstas pero no se liberaron para cuidar el superávit. En el primer cuatrimestre, según la consultora Economía y Regiones (E&R), las transferencias discrecionales de fondos a las provincias (como se conoce a las destinadas a obras y planes sociales administrados descentralizadamente) cayeron un 0,3%. Si se descuenta la inflación de los costos de la construcción, los envíos reales son cerca del 20% menores. El gasto, entre enero y abril, creció 35%. Pero lo hizo impulsado por los subsidios al sector privado, que treparon un 53 por ciento.

Fuente: Crítica Digital


Evo echó a los jefes de su policía

Junto con el comandante en jefe de la policía de La Paz fueron relevados los jefes policiales de los ocho departamentos restantes. También fue criticado el jefe policial de Chuquisaca por reprimir en Sucre. Críticas para la Justicia.

Por Sebastián Ochoa

Desde Sucre, Chuquisaca

Víctor Hugo Escóbar, comandante de la policía de La Paz durante la represión a los miles de manifestantes que deseaban tomar la Embajada de Estados Unidos, fue criticado por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada. “Fue una movilización multitudinaria en la cual se debió haber preparado un operativo de seguridad de mejores condiciones –dijo–. Tengo mis observaciones y estoy evaluando la situación de algunos comandantes departamentales que hablan mucho pero hacen poco.” A las pocas horas el ministro cambió a los nueve comandantes departamentales del país. Según Rada, se renovó a los jefes verde olivo porque “es necesario controlar la violencia política que se ha desatado en el país en el último año, violencia política que está adquiriendo contornos de terrorismo”. Las organizaciones sociales de El Alto anunciaron que volverán a la embajada y posiblemente la incendien. Sería la respuesta al asilo humanitario que el país del Norte otorgó a Carlos “el Zorro” Sánchez Berzaín, ministro de Defensa durante la llamada Guerra del Gas, que en octubre de 2003 causó más de 68 muertes entre los alteños. Mientras, el gobierno de Evo Morales insiste para que Estados Unidos mande a Bolivia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, acusados de genocidio. El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, afirmó que “Estados Unidos obstruye a la Justicia boliviana”.

Durante el acto de posesión de los nuevos comandantes, el ministro de Gobierno sostuvo que “es saludable la renovación que conserva lo esencial de la Policía Nacional, su doctrina, disciplina, obediencia al mando constitucionalmente definido y su carácter de institución nacional con un mando único”. También aprovechó para hablar (mal) del Poder Judicial boliviano: “Hoy la policía investiga, muchas veces tiene resultados en la aprehensión de delincuentes que son entregados a los operadores de Justicia. Sin embargo, a las pocas horas son liberados para que cometan nuevas fechorías”. Sin mencionarlo, se refería a Roberto Lenin Sandoval López, identificado por organismos de inteligencia como uno de los principales agresores a los indígenas quechuas golpeados y humillados el 24 de mayo en la plaza central de Sucre. Roberto Lenin, militante de Juventud Conciencia de Chuquisaca y jefe de campaña de la candidata a prefecta Sabina Cuéllar, fue secuestrado en esta ciudad la semana pasada por agentes del Estado y enviado a la Justicia junto a las pruebas que lo complicaban. Pero el juez de El Alto Daniel Espinar ordenó su liberación porque en su detención no se habían respetado sus derechos. “Hay un accionar inefectivo de los operadores de justicia, que lo único que están haciendo es alentar la impunidad”, afirmó Rada.

Desde el gobierno evidenciaron que hubo “excesos” en la policía para defender la embajada de los 20 mil alteños que se la tienen jurada. “No se debió acudir a la fácil vía de la represión –evaluó Rada–. Hay que acudir a la prevención, sobre todo en una movilización de características tan multitudinarias. Con criterio profesional podría habérsela controlado.”

El embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, dijo en un comunicado: “Respetamos todas las manifestaciones democráticas y pacíficas. Sin embargo, lamentamos estos hechos de violencia”. Agradeció a los policías por cuidarles la propiedad y ratificó su “deseo de mejorar las relaciones bilaterales con Bolivia en el marco del mutuo respeto”.

Tras el intento de toma, el embajador se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores para darle su versión sobre el asilo que EE.UU. dio a Sánchez Berzaín. Choquehuanca contó a radio Erbol que Goldberg “se quejó” por la manifestación ante su embajada. Según el canciller, le dijo: “Fue peor que Bolivia no haya sido informada del asilo” al ex ministro de Defensa.

Choquehuanca detalló que las explicaciones del embajador “nos dejaron insatisfechos. Dice que ni él conoce sobre el tema del asilo y que incluso él mismo fue sorprendido por esa información”. Y opinó que “es lamentable. El asilo a Sánchez Berzaín sólo perjudica la construcción de buenas relaciones entre Estados Unidos y Bolivia”.

Fuente: Página 12

Buque regasificador: la Justicia contra la voluntad popular

El martes de la semana pasada, los fiscales Hugo Omar Cañón y Antonio Castaño, el defensor oficial Gabriel Jarque y vecinos de White y Bahía Blanca, presentaron un recurso extraordinario, en relación con la presencia del buque regasificador Excelsior en el puerto local.
Allí se cuestionaban las decisiones que tomaron el juez de primera instancia (Alcindo Alvarez Canale) y los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, Dres. Luis Montezanti y Angel Argañaraz, y solicitaron que el recurso interpuesto fuera analizado por los miembros de la Sala I, Dres. Luis Cotter y Ricardo Planes.
Nuevamente, la Justicia desoye los argumentos de los letrados que se hicieron eco de la peligrosidad del emprendimiento y del rechazo soberano de nuestra población, y rechazaron la medida. Si bien no se conocen mayores detalles de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, la novedad fue confirmada por el propio fiscal Hugo Omar Cañon.

Todos los recursos

Según explicó esta mañana en un progrma de radio Raúl Woscoff, dirigente de Integración Ciudadana, las personas que presentaron el recurso extraordinario aún tienen una instancia más para tratar de evitar que el buque metanero continúe inyectando gas a la red nacional desde el muelle de Mega.
“Tienen la posibilidad de interponer un recurso de queja por la negativa del recurso”, admitió al tiempo que recalcó que “es una instancia todavía abierta”.
Además, señaló las responsabilidades existentes en la imposición del buque para nuestro puerto. “En la causa se evidencian claramente los incumplimientos de algunos de los organismos citados y, lo más grave, son los silencios y omisiones de los ámbitos nacional, provincial y local”, enfatizó.
Asimismo, admitió que “si no hubiera existido una acción de amparo, tampoco se habrían realizado cinco resoluciones en el Consorcio de Gestión del Puerto o en la Prefectura Naval”.
“Mucho más grave en cuanto a los silencios- insistió Woscoff- fue la existencia de un proyecto de radicación de una planta regasificadora en la ciudad, cuya apertura de pliego, de acuerdo a las condiciones impuestas por ENARSA y PDVSA se debería haber abierto ayer”.
“Entre las condiciones de la licitación internacional, se obliga a quienes participan como oferentes a contemplar únicamente al puerto de Bahía Blanca como el lugar de radicación”, expresó Woscoff.

Buque: peligros y movilización popular

En una actitud incomprensible, el dirigente del CTM, Ing. Fernando Rey Saravia afirman que ubo inconvenientes dentro del buque, intentan tranquilizar diciendo y que "no se trató de pérdidas de gas". Sin embargo, esto no hace a su función que es controlar e informar a la población. Lejos de tranquilizar, preocupa. Por ello, nos sumamos a la convocatoria realizada por los vecinos autoconvocados de White, movilizando frente a la delegación de la localidad portuaria para hacerle llegar una presentación al delegado Hernán Peter, ya que los funcionarios locales han desoido todas las voces de los vecinos y distinas organizaciones sociales y políticas, de repudio y manifestando que el buque no cumple con las medidas de seguridad pertinente.

Más muertes infantiles en 2007

La tasa de mortalidad infantil bajó desde 2002 en adelante. Sin embargo, las cifras que procesa la Dirección de Estadísticas muestran un cambio en la tendencia.

2008 Aumento. Las muertes infantiles crecieron en 1,8% respecto de 2006.

La ministra de Salud, Graciela Ocaña, ya lo sabe. Pero hasta que no estén procesados los datos que se encuentran en poder de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), no se comunicara oficialmente la peor noticia que recibirá Cristina Fernández desde que asumió la presidencia de la Nación.

Por primera vez desde 2003, la mortalidad infantil argentina registró un crecimiento durante 2007. Según los informes preliminares suministrados por las oficinas jurisdiccionales de estadísticas de Salud de todas las provincias, la suba de la cantidad de muertes infantiles es del 1,8 por ciento. Desde 2002, la curva mostró descensos: de los 16,8 por cada mil nacidos vivos registrados entonces a los 12,9 de 2006, la baja fue de casi cuatro puntos. Pero la tendencia se modificó. De acuerdo con la información a la que Crítica de la Argentina accedió en exclusiva, durante 2007 fallecieron 8.688 criaturas menores de cinco años, 152 más que los 8.536 registrados en 2006.

Los datos desagregados por distrito muestran el crecimiento en las provincias más importantes desde lo demográfico como Buenos Aires, donde las cifras se incrementaron en un 7,4% (de 2.800 fallecidos a 3.008); Córdoba, donde alcanzó el 6% (de 554 a 587); o Santa Fe, donde subió 9% (de 445 a 485). También subieron las defunciones infantiles en distritos pequeños como La Pampa (20%); San Luis (22%), Santiago del Estero (6,4%) y Tucumán (4,7%). Siempre según los datos registrados a nivel provincial que están en poder de la DEIS, las provincias que mejor hicieron sus deberes fueron Corrientes, donde los fallecimientos bajaron 15,4%; Neuquén, donde descendieron en un 11%; y la ciudad de Buenos Aires, con una baja pocentual del 1,8.

En su documento 26144/03, el Banco Mundial realizó un diagnóstico de la situación sanitaria argentina donde destaca el crecimiento de la mortalidad infantil como punto más importante a resolver. La entidad bancaria propuso entonces que “el cuidado de la salud de la población más pobre y vulnerable esté a cargo de las provincias”. Sobre esta base, la gestión de Ginés González García concibió el denominado Plan Federal de Salud, cuyo objetivo más urgente fue la puesta en marcha de un “seguro materno infantil que garantice una drástica reducción de los indicadores sanitarios”.

El órgano ejecutor de este plan es el Consejo Federal de Salud (COFESA), el mismo ente donde –según testimonios de sanitaristas publicados ayer– se impartió “la instrucción de no registrar a los nacidos vivos con peso inferior a los 500 gramos”. Para cubrir los costos de este plan, a fines de 2004, el Banco Mundial otorgó un crédito de 135,8 millones de dólares a la Argentina.

El préstamo BIRF 7225-AR estuvo destinado a financiar un proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial (SMI) cuyo objetivo principal era “frenar el incremento de la mortalidad infantil y procurar su disminución”. Entre los componentes originales del programa, la carta de compromiso incluye “la implementación del Seguro Materno Infantil, el apoyo al fortalecimiento institucional y del rol de rectoría del Ministerio de Salud y de las provincias incorporadas al SMI” (todas las del noroeste y noreste del país).

En el convenio se estipula que “las actividades financiadas por este préstamo concluirían en junio de 2009” y sus desembolsos “se realizarán de acuerdo al cumplimiento de las metas acordadas”.

En abril de 2007, la por entonces ministra de Economía Felisa Miceli viajó a Washington para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí se reunió con Paul Wolfowitz, titular del Banco Mundial, quien destacó el trabajo del Gobierno en la lucha contra la pobreza, “en especial los préstamos para el sector Salud que han permitido la disminución de la mortalidad infantil y la mortalidad de las madres en parto”, según informaba un comunicado del Ministerio de Economía. La ex titular de Hacienda expuso sobre la mejora registrada en los últimos años en indicadores sociales, entre ellos la mortalidad infantil.

Sapag acuerda nuevos contratos petroleros, aunque vencen en 2017

El gobierno neuquino extenderá la concesión de explotación de hidrocarburos, pero la Constitución impide prórrogas.

Las compañías tienen tiempo hasta el lunes para comprar los pliegos.

Aunque la Constitución neuquina se lo prohíbe, el gobernador Jorge Sapag extenderá por diez años las concesiones de las petroleras que renegocien sus contratos con la provincia. La renovación llega con casi una década de anticipación, ya que la mayoría de los plazos sellados en la gestión menemista vencen entre 2015 y 2017. Movimientos sociales, gremiales y políticos denunciaron la inconstitucionalidad del decreto, que en el corto plazo busca generar ingresos en efectivo en medio de un panorama financiero complicado.

Neuquén es el segundo productor nacional de petróleo y el primero de gas natural. La mitad de su presupuesto se basa en las regalías que percibe del puñado de empresas que explotan los hidrocarburos en su rico territorio. En ese contexto, la renovación de los contratos es una perla tan preciada como limitada por la flamante Constitución provincial, que aún no cumplió dos años de vida.

Ante la convocatoria de Sapag a las petroleras que quieran renegociar y extender sus contratos, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) neuquina presentó en la Justicia un recurso de nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional.

La acción judicial se apoya, principalmente, en tres artículos de la Constitución provincial. Los puntos 95 y 96 de la carta magna local establecen que “la explotación, industrialización y comercialización de los recursos hidrocarburíferos provinciales sólo pueden efectuarse por organismos fiscales municipales, provinciales o nacionales, o por entidades autárquicas”.

En cuanto a los contratos firmados tiempo atrás con compañías extranjeras pero que aún están en vigencia, el artículo 100 dice que “caducarán indefectiblemente a su término”. Según la presentación de la CTA, el decreto 822 que firmó Sapag el 30 de mayo pasado es inconstitucional ya que viola estos artículos. “La Constitución excluye toda concesión a empresas privadas e impide extender las concesiones ya otorgadas por el gobierno federal”, sostiene el escrito.

El decreto en cuestión convoca a las empresas a inscribirse en el Registro Provincial de Renegociación de Concesiones de Áreas Hidrocarburíferas. El gobernador argumenta que, al no existir más YPF como sociedad estatal, la provincia está habilitada para renegociar los contratos.

Si bien en la cuenca existen unas 70 concesiones otorgadas por el Estado nacional, la mayoría está en poder de YPF –controlada por la española Repsol–, la brasileña Petrobras, Apache y Chevron –capitales estadounidenses– y la francesa Total. Con ellas deberá sentarse a negociar el gobernador, quien les exigirá el pago de un canon inicial “a convenir entre las partes” y un aumento de las regalías del 12%, establecido por ley nacional, al 15 por ciento.

Desde fines de 2006, con la sanción de la llamada Ley Corta que transfiere a las provincias el dominio sobre los recursos, las empresas cuentan con la ventaja de tener que negociar directamente con las provincias, más débiles que el Estado nacional y con una necesidad de recursos más apremiante.

Tanto el Gobierno como las empresas argumentan que el negocio petrolero necesita tiempos largos que garanticen las amortizaciones financieras. Las firmas sostienen que si en 10 años finalizan sus contratos, no tiene sentido iniciar los costosos procesos de exploración. Sin embargo, hasta la actualidad, las petroleras prácticamente no han hecho inversiones ya que trabajaron en base a las áreas exploradas por la YPF estatal. Según el decreto, las compañías tienen tiempo hasta el lunes próximo para comprar los pliegos con las bases y condiciones de renegociación (cuestan 10 mil pesos) y otros 60 días para inscribirse en el registro.

Mientras tanto, varias organizaciones, como el Grupo Moreno, la Federación Universitaria de Comahue y el Foro de Ciudadanos por la Democracia, se unieron en el Movimiento por la Recuperación de Nuestro Petróleo y demás recursos energéticos (Morpre). Además de gestionar audiencias con el gobernador, con miembros de la comisión de hidrocarburos de la Legislatura y con vocales del Tribunal Superior de Justicia, organizarán una movilización para el próximo 20 de junio. La CTA local avanzó un paso más y presentó ante la Justicia su recurso de nulidad.

Si se cumple con el cronograma establecido, a fin de año se develará cuál será la situación de la mayoría de los yacimientos neuquinos en las próximas dos décadas.

Con papel de calcar, Chubut y Santa Cruz

Al igual que lo hizo Jorge Sapag en Neuquén, los gobernadores también kirchneristas Daniel Peralta, de Santa Cruz, y Mario Das Neves, de Chubut, extendieron por adelantado las licitaciones de la petrolera Pan American Energy.

Los contratos que vencían en 2018 durarán hasta 2027 y en el caso de Chubut, el convenio deja abierta la posibilidad de una prórroga por otros 20 años.

Sin embargo, a nivel jurídico, algo las diferencia: ninguna de las dos provincias tiene constituciones que les impida dar continuidad al negocio privado.

Pan American Energy es una de las petrolera más importantes que opera en el país en un mercado que lidera de Repsol YPF. A partir de los acuerdos con los gobernadores patagónicos, podrá continuar explotando por al menos dos décadas más las áreas hidrocarburíferas Piedra Clavada, Koluel Kaike y la inmensa Cerro Dragón.

Río Turbio

El juez federal de Río Gallegos Gerardo Caamaño procesó a tres ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en la causa que investiga el incendio que causó catorce muertes. Los mineros fueron sobreseídos.

Por Adriana Meyer

A pocas horas de que se cumplan cuatro años de la tragedia de Río Turbio, la Justicia federal de Río Gallegos procesó a tres ex funcionarios de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y sobreseyó a tres obreros en la causa que investiga el incendio que en junio de 2004 causó la muerte a 14 mineros. En un fallo elogiado por la querella, el juez federal Gerardo Caamaño procesó sin prisión preventiva a Fermín Garnica, jefe de seguridad del turno en que ocurrieron los hechos, por considerarlo “coautor penalmente responsable de homicidio culposo”.

El incendio en la Mina 5 del yacimiento ocurrió el 14 de junio de 2004, cerca de las 22.30 y a poco de ingresar el tercer turno de trabajadores, en una de las galerías principales. Algunos hombres pudieron escapar, pero catorce de ellos quedaron atrapados en la montaña, donde la acumulación de gases tóxicos y un derrumbe les provocaron la muerte.

El juez Camaño también procesó como “coautores penalmente responsables del delito de estrago culposo” a Esteban Loncaric, interventor en ese momento del Yacimiento, y a Eduardo Shabner, jefe de seguridad de la mina. En cambio, en el mismo fallo, sobreseyó a los mineros Gregorio Daniel Tolosa, Ramón Ricardo Pazos y Tomás Rodríguez, quienes hasta esta nueva sentencia estaban procesados por homicidio culposo y habían sido los primeros en quedar imputados en la causa. “En realidad, se probó que los trabajadores sobreseídos eran víctimas de la falta de seguridad en la mina y que realmente ellos también podrían haber muerto”, dijo Bernardino Zaffrani, que representa a familiares de las víctimas.

El abogado querellante opinó que el fallo representa “un gran avance” para la causa y destacó que quedó “probado que las responsabilidades estaban más arriba y no en los mineros, que fueron sobrevivientes de la tragedia”. En diálogo con PáginaI12, explicó que hay dos funcionarios de alto nivel que podrían ser acusados por sus “conductas homicidas”: los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Minería, Daniel Cameron, que entonces ocupaban las mismas carteras. “Antes de la tragedia habían anunciado que iban a invertir 34 millones, pero luego cuando en la causa se les pidió información pericial no la mandaron nunca, al igual que la AGN (Auditoría General de la Nación), y eso retrasó mucho el caso”, precisó Zaffrani. Según su enfoque, el juez debió procesarlos por desobediencia, dado que habrían incumplido una orden judicial. El letrado adelantó que ahora trabaja para agregar a la carátula del expediente la figura de estrago doloso, que es más grave. Si no lo logra en su apelación ante la Cámara, los acusados no sólo evitarán la cárcel, sino que pueden pedir la probation en lugar de ir a juicio oral. “Estamos aprendiendo de lo de Cromañón, debieron prefigurarse que con esa forma de trabajo podía pasar una tragedia, no había ningún elemento de seguridad ni preparación del personal para emergencias”, completó.

El entonces presidente Néstor Kirchner había viajado a Río Turbio para acompañar a los familiares en los funerales de los mineros fallecidos. Poco después, removió a la cúpula de la empresa y nombró interventor al entonces diputado provincial y actual gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. Desde ese momento, los sueldos de los mineros se incrementaron en forma considerable y la seguridad mejoró en algunos aspectos: ahora cuentan con un equipo portátil de oxígeno.

Empezó el juicio a poblete

por Ivana Dal Bianco, abogada del CeProDH Neuquén

Un día de lluvia y oscuro fue el preludio para la primer jornada del juicio oral y publico contra José Dario Poblete, el policía que disparó a la cabeza de Carlos Fuentealba y literalmente lo fusiló el 4 de Abril de 2007. Poblete entró a la sala de juicio altanero, mirando fijo al público, con la marca de la impunidad que caracteriza a los asesinos del pueblo. Se había pelado la cabeza. Luego nos daríamos cuenta de para que. Enfrente Sandra. En el publico, organizaciones sindicales, de derechos humanos nacionales, algunas locales,. También, compañeros de Zanon, y docentes exigiendo y reclamando por el castigo a los fusiladores de Carlos.
Afuera, movilizados trabajadores de la educación, ceramistas, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos con el reclamo de que este juicio sea solo el inicio en la condena a los responsables materiales y políticos de Carlos. Adentro, en esa sala dispuesta especialmente, decenas de periodistas retratando la foto del único imputado por el fusilamiento de Carlos. Revivenciar de boca de los testigos, de los compañeros el fusilamiento es francamente conmovedor, y llena de fuerza para luchar porque termine la política de represión e impunidad del MPN. Mientras Poblete intentaba con su cabello afeitado confundir a los testigos para que no lo identifiquen. El momento en el cual, en una clara provocación, el defensor de Poblete solicita que le permitan ponerse el casco de los grupos especiales de la Policía de Neuquen, y el Tribunal lo autorizo, resultó muy fuerte para todos los presentes. Con el casco puesto, volvían las imágenes difundidas de la foto del fusilador.
Y mirando alrededor en la misma sala, esa política de impunidad se comprueba descaradamente. Un inmenso operativo de seguridad dentro del edificio de la vieja Legislatura. Comandada por entre otros, el Comisario Diógenes Martín, imputado en las causas de Pepe Alveal, cuya foto apareció también en aquella represión de Arroyito en la que fusilaron a Carlos. Y varios de los imputados en la causa por torturas en la Unidad de Detención 11 también comandando el operativo de "seguridad" del juicio. Todos absolutamente impunes y en funciones. En el Tribunal, un asesor del Ejercito en la dictadura militar. El Camarista Luis Maria Fernández.
Ello demuestra que la pelea por acabar con la impunidad de los represores del pueblo trabajador, es más actual que nunca. Que este juicio tiene que marcar un antes y un después en la política de represión e impunidad y por eso no podemos conformarnos solo con que se condene a Poblete. Debemos movilizarnos mas que nunca para lograr que avance la causa "Fuentealba 2" y se encarcele a Sobisch, Pacuarelli y todos los responsables políticos y autores intelectuales del fusilamiento de Carlos. Desde el CeProDH seguiremos participando de las jornadas del juicio y movilizados en las calles para lograr
PERPETUA A POBLETE
CÁRCEL A SOBISCH Y TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y AUTORES INTELECTUALES DEL FUSILAMIENTO PUBLICO DE CARLOS FUENTEALBA
BASTA DE REPRESIÓN A LOS QUE LUCHAN

Fuente: CeProDH
Centro de Profesionales por los Derecho Humanos

Jorge Godoy, imputado por espionaje

La investigación judicial se inició por una presentación del CELS, que se basó en el “Plan Básico de Inteligencia Naval 201, edición 2005”. El Gobierno dice que espera “la acción de la Justicia”.

Por Werner Pertot

El jefe de la Armada, Jorge Godoy, fue imputado junto con el resto de la cúpula de la Marina en la causa por espionaje ilegal en la base Almirante Zar. La investigación en la Justicia Federal de Rawson se inició por una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se basó en un documento, el “Plan Básico de Inteligencia Naval 201, edición 2005”, que fue encontrado en los archivos de Trelew. El plan avala el espionaje ilegal, se apoya en legislación de la dictadura y lleva la firma de Godoy. El fiscal Fernando Gelvez envió sendas notificaciones a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ministra de Defensa, Nilda Garré. A diferencia de lo que ocurrió con la denuncia original, el Gobierno no separó a los imputados de sus cargos. “Vamos a esperar la acción de la Justicia, con toda tranquilidad”, dijeron en el Ministerio de Defensa.

La causa por espionaje ilegal estalló el 17 de marzo de 2006 con la denuncia ante el CELS del cabo Carlos Alegre, quien formaba parte del grupo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer espionaje ilegal. La Justicia allanó en ese momento las bases de Trelew y la de Puerto Belgrano. En ambas encontraron fichas y documentos de inteligencia sobre políticos, gremios, organizaciones sociales y de derechos humanos. A raíz de la denuncia, Garré separó al jefe de Inteligencia de la Armada y al número tres de la fuerza, ambos implicados por los documentos. Además, la ministra ordenó cerrar las dependencias de inteligencia de las bases navales y hacer un sumario interno de las actividades en esos lugares.

El sumario quedó en manos del segundo de la Armada, Benito Rótolo, que también quedó imputado ayer junto a Godoy. En un reportaje de PáginaI12, el cabo Alegre había advertido que tanto Rótolo como otro de los nuevos imputados (el comandante de la Fuerza Aeronaval 3, Luis Fajre) le recriminaron que hiciera la denuncia original y le dijeron: “Por tu culpa, la Marina se está hundiendo”. El Ministerio de Defensa no investigó esta denuncia y respaldó a Godoy mientras hablaba en defensa propia: “Fue un hecho aislado”, dijo el almirante sobre el espionaje en Trelew.

Luego, el jefe de la Armada instruyó a su fuerza para que paralizara la causa por espionaje con una presentación en la que aseguró que en los allanamientos se había secuestrado un código de encriptamiento de secretos militares. Por esa presentación, el proceso estuvo parado más de un año. Actualmente, está por llegar a juicio oral (ver recuadro). Por eso, el juez Hugo Sastre inició una nueva causa para la cúpula marina.

Las instrucciones de Godoy

Como jefe de la Armada, Godoy dictaba planes de inteligencia que son los que determinan los objetivos de los espías. El 24 de junio de 2005 refrendó el plan de inteligencia que redactó por su encargo el director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi, uno de los procesados por espionaje. Ese plan fue enviado a 17 dependencias con el sello de “Secreto” y fue el que avaló las actividades de espionaje interno, prohibidas por las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.

El instructivo remite como soporte legal a un decreto secreto de la dictadura: el 3401/79 “S”, que fue derogado por la actual Ley de Inteligencia Naval, aunque parece seguir en pie para la Armada. El documento señala como uno de los “objetivos de inteligencia” las “amenazas asimétricas”, que define en su “Anexo Charlie” como “narcotráfico, terrorismo internacional, proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores de lanzamiento, la transferencia de armamentos, excedentes y tecnologías intangibles (éxodo de científicos), el crimen organizado, el contrabando de armas, el deterioro del medio ambiente, las migraciones y cualquier otra cosa que como tal se manifieste”.

El CELS destaca que esto va contra lo expresado por la ministra Garré, quien dijo públicamente que “deben rechazarse aquellas concepciones que procuran la utilización prioritaria del instrumento militar”. El organismo de derechos humanos destacó que esta directiva de Godoy permitió que las oficinas de inteligencia naval “produjeran información sobre la comunidad islámica, grupos piqueteros y activistas indígenas”. Con estas órdenes de Godoy, los marinos hicieron –según surge de las fichas que figuran en la causa– seguimientos a personas con rasgos árabes tanto desde Bahía Blanca hasta Puerto Madryn, pasando por Tucumán.

El instructivo de Godoy también plantea que se deben “adoptar medidas de comunicación institucional y de contrainteligencia. Mantener / incrementar las capacidades de inteligencia propias”, producir “inteligencia psicosocial para contribuir al prestigio institucional para actuar en forma preventiva y defensiva” y “determinar escenarios, actores e intereses en los que se pueda influir desde o hacia la institución”. ¿Cuáles son los objetivos a seguir para mantener la imagen de la Armada?

En lo concreto, fueron los actos por la Masacre de Trelew y las actividades de las Madres de Plaza de Mayo.

La pirámide

El CELS también recordó que el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que ratificó los procesamientos de la causa original señalaba que los marinos involucrados eran responsables “entre otros”, con lo que dejó abierta la posibilidad de investigar la autoría de sus superiores.

El organismo descartó la teoría esgrimida por Godoy de que sus subordinados armaron una red de inteligencia ilegal sin órdenes de arriba en una institución militar. En cambio, planteó que tanto Godoy como Rótolo “dieron las órdenes que guiaron el accionar de sus subalternos en el área de inteligencia”. Como base de este argumento, citó la resolución EMGA 02/03 “S” (la S es de secreto), según la que el “objetivo último del sistema de inteligencia es ofrecer información al jefe del EMGA (Estado Mayor General de la Armada)”, es decir, a Godoy. “La inteligencia en sí es instrumental: provee información a los que tienen que tomar decisiones”, explicó el abogado del CELS, Rodrigo Borda. “Esto no empezó en 2005. El plan de 2000 era mucho más grosero: hablaba de seguir a minorías. Es un aggiornamiento: llaman ‘comunicación institucional’ a lo que siempre hicieron, que fue seguir los actos de los organismos de derechos humanos.” Ante su presentación, el juez Sastre delegó la investigación en el fiscal Gelvez, quien le requirió al Ministerio de Defensa la foja de servicios de los imputados y el sumario administrativo que le encargó Garré a Rótolo. El fiscal también le transmitió por escrito tanto a Garré como a la Presidenta que está imputando a las principales autoridades de la Armada. La Ministra estuvo ayer reunida con Godoy para firmar un convenio de Sedronar, pero no trascendió si hablaron o no de las imputaciones.

Fuente: Pagina 12

Socialismo y software libre

Cuba busca adoptar el software libre

El gobierno comunista de Cuba está tratando de sacudirse el "yugo" de al menos un imperio capitalista, el de Microsoft Corp., al unirse a Venezuela en la conversión al llamado "software libre" en sus sistemas informáticos.
19 Feb 2007 AP Ambos gobiernos dicen estar intentando cambiar la dependencia que tienen sus agencias estatales del software de Microsoft bajo licencia y en vez de ello utilizar el sistema operativo Linux, desarrollado por una comunidad global de programadores que comparten su código en forma gratuita.
"Es básicamente un problema de soberanía tecnológica, un problema de ideología", expresó Héctor Rodríguez, quien supervisa, en una universidad cubana, un departamento con 1.000 estudiantes dedicados a desarrollar programas informáticos gratuitos.
Otros países han intentado medidas similares. China, Brasil y Noruega han alentado el desarrollo de Linux por una variedad de razones: el monopolio casi absoluto de Microsoft en el campo de los sistemas operativos, el alto costo de las licencias de software y los problemas de seguridad.
Funcionarios cubanos, siempre concentrados en las posibles amenazas de Estados Unidos, también lo ven como un asunto de seguridad nacional.
El ministro de Comunicaciones Ramiro Valdés, un viejo compañero de armas del presidente Fidel Castro, planteó sus sospechas de una presunta cooperación de Microsoft con el ejército y las agencias de inteligencia de Estados Unidos cuando inauguró un congreso de tecnología esta semana.
Llamó a los sistemas informáticos del mundo un "campo de batalla" donde Cuba está luchando contra el imperialismo.
También hizo énfasis en que el presidente de Microsoft, Bill Gates, alguna vez calificó a los reformistas de patentes _incluida la gente que desea abolir el software de patente_ como "una especie de comunistas de la actualidad"_ lo cual, desde la perspectiva cubana, es una insignia de honor.
Microsoft no regresó las llamadas telefónicas en busca de un comentario. Cuba importa muchas computadoras con Windows preinstalado y también compra software en otros países como China, México o Panamá.
Valdés es un político de línea dura que suele usar uniformes y el cabello cortado a la usanza militar, pero el mayor impacto en la conferencia lo logró un individuo regordete, de cabello revuelto y vestido con camiseta de manga corta: Richard Stallman, cuya Fundación para un Software Libre creó la licencia usada por muchos programas de software de fuentes gratuitas, incluido Linux.
Burócratas comunistas de edad madura y jóvenes cubanos de cabello recogido en cola de caballo aplaudieron, mientras el científico informático del Instituto de Tecnología de Massachusetts insistía en que las leyes de derecho de autor violan los principios morales fundamentales; las comparó con las leyes que amenazarían con encarcelar a la gente por compartir o modificar recetas de cocina.
Stallman también advirtió que el software de licencia es una amenaza a la seguridad porque, como los usuarios no pueden examinar el código, no tienen forma de saber lo que éste hace o qué aberturas en la "parte trasera" del programa hayan podido dejar abiertas los diseñadores para tener acceso en un futuro.
"Un programa privativo nunca es de confiar", expresó, usando ese termino para enfatizar la idea de que tales programas privados implican privación de algo.
Cuba también tiene problemas con las actualizaciones de su software de patente. Su lento enlace satelital con el mundo exterior hace que las descargas de actualizaciones se vuelvan lentísimas. Muchas de sus computadoras operan con programas copiados. Y las compañías estadounidenses, presuntamente preocupadas sobre las leyes de Estados Unidos que restringen el comercio con Cuba, están bloqueando cada vez más las descargas de software a la isla.
Los cubanos intentan evitar el problema instalando actualizaciones de programas en un servidor ubicado en la isla. Pero muchas computadoras no alcanzan a descargar los "parches" (que sirven para corregir fallas en el programa original) y son vulnerables.
El gabinete de Cuba también exhortó a dejar de usar el software de patente. El servicio de aduanas se ha cambiado a Linux y los ministerios de Cultura, Educación Superior y Comunicaciones piensan hacer lo mismo, expresó Rodríguez.
Y los estudiantes en su propio departamento están preparando una versión de Linux llamada Nova, basada en el sistema operativo Gentoo de Linux. El ministerio de Educación Superior está desarrollando su propia versión.
El departamento de Rodríguez representa a 1.000 de los 10.000 estudiantes dentro de la Universidad de Ciencias Informáticas, una escuela fundada hace cinco años que intenta combinar el desarrollo de software con la educación universitaria.
Cuba también está capacitando a otras decenas de miles de ingenieros de software y hardware en todo el país, aunque pocos tienen computadoras en casa. La mayoría de los cubanos deben depender de sus lentos enlaces en cafés internet del gobierno o escuelas.
Rodríguez prefirió no decir cuánto le llevará a Cuba lograr que la mayoría de sus sistemas usen Linux: " A mí me resultaría difícil decir que en tres años vamos a migrar la mitad de la administración pública".
Pero sí indicó que el uso de Linux está creciendo rápidamente.
"Hace dos años, la comunidad cubana de software libre no sobrepasaba las 600 personas ... En los últimos dos años, ese número ha superado con creces los 3.000 usuarios de software libre y es una cifra que crece exponencialmente", señaló.
Aun así, la mayoría de las computadoras en esta conferencia sobre tecnología mostraron los colores de la bandera de Microsoft en su botón de inicio en la esquina inferior izquierda de sus pantallas.
Y el inicio de las sesiones de software libre fue demorada, ya que los organizadores jugueteaban con la computadora que manejaba el proyector. La pantalla del cuarto de conferencia había estado mostrando las palabras "Windows XP".

Fuente: http://www.laflecha.net/canales/softlibre/noticias/cuba-busca-adoptar-el-software-libre

Un campo más ancho de lo que parece

El Frente Nacional Campesino pidió una profunda transformación de las condiciones de producción. Rubén Dri fija posición sobre lo que reclaman los patrones del agro.
Los delegados y delegadas campesinos e indígenas, agricultores familiares, trabajadores de la tierra de 200 organizaciones de 16 provincias de la República Argentina, reunidos en el segundo plenario del Frente Nacional Campesino (FNC), en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, resolvemos lo siguiente:

- El FNC expresa su más enérgico repudio al paro patronal que ejecutan las 4 entidades agropecuarias más poderosas del campo argentino y que defienden los intereses de las 6 multinacionales más poderosas del mundo, que controlan el comercio exterior agropecuario, y los 5 grupos económicos más poderosos de la Argentina, que monopolizan el comercio interno agroalimentario del país. Rechazamos que 2000 empresas agroexportadoras decidan por la vida de 40 millones de argentinos. Nos oponemos a cualquier intento de golpe de Estado económico y la intención de subordinar al gobierno argentino bajo los dictados de los agronegocios.

- El FNC entiende que el paro patronal pretende abortar el Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que queremos y necesitamos los argentinos para garantizar: la soberanía alimentaria, la regulación del comercio exterior e interior y la justicia tributaria, medidas indispensables para apuntalar la redistribución de la riqueza con justicia y equidad para una Argentina con soberanía económica e independencia política integrada a la región.

- El FNC sostiene que nuestro país no puede seguir siendo meramente la chacra para la producción de materia prima para alimentación de animales y la producción de agrocombustibles para los países más poderosos del planeta, que es la función que nos quieren seguir imponiendo las potencias del mundo. En el actual contexto mundial nuestro país debe planificar la producción, industrialización y comercio de alimentos para los argentinos y para la exportación, ya que reunimos todas las condiciones necesarias para producir alimentos para nuestro pueblo y para exportar con valor agregado.

- El FNC alerta a la sociedad y autoridades acerca de los atropellos que llevan adelante empresas nacionales y extranjeras contra familias campesinas y comunidades originarias que han decidido resistir en las tierras que ancestralmente les pertenecen. Los atropellos forman parte de la campaña sistemática que desarrollan empresas agropecuarias y mineras para apropiarse de las tierras, los montes y las aguas que defienden los campesinos e indígenas. Instamos a las autoridades a tomar las medidas que correspondan para frenar los desplazamientos forzados y desalojos compulsivos de familias de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios.

- El FNC denuncia los desmontes masivos e ilegales que realizan empresas agropecuarias con topadoras, pisamontes y fuego, en varias regiones del país, para extender la frontera agropecuaria, destruyendo la flora y fauna autóctonas y provocando destructivos cambios climáticos.

- El FNC denuncia que ríos, arroyos, riachos, lagunas, esteros, pozos, represas y napas de agua son envenenados por el uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos en los monocultivos extensivos, particularmente por la aplicación de glifosato en los sembradíos de cultivos transgénicos en regiones donde habitan campesinos e indígenas.

- El FNC reclama como propias de todos los Pequeños Productores Agropecuarios, Movimientos Campesinos e Indígenas las herramientas del Estado que tienen la función de diseñar, acompañar, implementar el Modelo de Desarrollo Rural Estratégico para la Argentina. Por ejemplo, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, INTA, INTI, PSA, Prodernea, Prodernoa, Senasa.

- El FNC define a la empresa cooperativa como una herramienta de unión, organización y solidaridad indispensable para mejorar la producción, transformación, comercialización, consumo y servicios públicos para los Pequeños Productores Agropecuarios. Es decir, el cooperativismo es un instrumento clave para una Política Estratégica de Desarrollo Rural y Redistribución de la Riqueza. El cooperativismo puede y debe cumplir una función de gran trascendencia en la transformación del campo y de la economía argentina.

- El FNC sostiene que es urgente profundizar la intervención del Estado para mejorar la diversidad, calidad, cantidad, continuidad y rentabilidad de la producción de los Pequeños Productores de todas las regiones del país. Queremos lograr precios justos para los productores y consumidores y evitar de esa manera las terribles distorsiones que se dan actualmente en los productos alimentarios.

- El FNC considera de trascendental importancia el fortalecimiento de los bancos de semillas para recuperar, mantener y multiplicar la rica biodiversidad agrícola y alimentaria, por la importancia cultural, económica, social y política para un modelo de país serio y democrático.

- El FNC reclama la urgente regularización dominial de las posesiones de tierras de familias campesinas y comunidades indígenas de diferentes puntos del país, para lo cual es necesario un relevamiento minucioso de posesiones y propiedades de tierras agropecuarias. Al mismo tiempo, son necesarias reglas claras que limiten la propiedad de la tierra tanto a empresas nacionales y extranjeras que tengan por objeto garantizar la unidad económica productiva, pero evitar la excesiva concentración de la tierra y los recursos naturales, fuente de graves injusticias en el país. La tierra es para quien la trabaja con sus manos, respetándola, cuidándola y amándola

- El FNC propone el fortalecimiento sistemático de la educación rural con la participación de las organizaciones, rescatando, respetando y resaltando la cultura, historia, geografía de cada pueblo rural.

- El FNC propone el cuidado integral de la salud, atendiendo especialmente a enfermedades como el mal de Chagas y la tuberculosis, que golpean con particular dureza a la población campesina. Entendiendo que la salud es un derecho y no un negocio.