Este sábado 26 de julio el represor Julián “Laucha” Corres se escapó de la seccional dependiente de la Policía Federal ubicada en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo cerca de las seis de la mañana.Corres está acusado de cometer delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita”, uno de los más importantes de esta zona de argentina, que funcionó en las instalaciones del Quinto Cuerpo de Ejército. No es novedosa la voluntad de evasión de la justicia por parte del represor, quien ya había estado más de un año prófugo de la justicia hasta ser capturado el 3 de abril último en Capital Federal por INTERPOL. Es uno de los represores vivos más jóvenes que tuvieron participación directa en muchos de los hechos represivos en la ciudad de Bahía Blanca.
Todavía no existe respuesta en cuanto a cómo se fugó el represor. Pero lo que sí sabemos es que las condiciones de detención del imputado se parecían más a las de un invitado de honor al establecimiento policial que a la condición de recluso. No se llevaban registro de visitas, las cámaras de seguridad del establecimiento no estaban en funcionamiento desde el año 2000, no fue dispuesta custodia exterior.
El cronista duda de si es correcto el titular esta noticia como “se fugó el represor Corres” o tal vez arriesgarse hacia una versión de mayor verosimilitud y encabezar estos enunciados diciendo “dejan escapar al represor Corres”. ¿Realmente nos quieren hacer creer que un viejito –al margen de su excelente estado de salud- puede fraguar su fuga a lo Diago de la Vega y andar peleando a cuatro guardias y escapar por los techos? Esto es una tomada de pelo.
Las hipótesis de investigación hasta ahora contemplan que su fuga se produjo por la puerta principal de la seccional de la Policía federal o por los techos de la misma. La pregunta es ¿cómo salió de su celda para poder escapar? Corres tenía permiso para ir al baño, y asistía a su antojo. Algunas versiones no confirmadas hablan de que hasta tomaba mate con los oficiales.
Desde las organizaciones de Derechos Humanos, no sólo cuestionan las condiciones carcelarias de Corres, sino el accionar del Juez Federal Alcindo Álvarez Canale, quien ordenó la detención en dependencias de la Policía Federal y por el hecho de que el represor permanece allí desde hace cuatro meses y no fue trasladado hacia dependencias del Servicio Penitenciario Nacional, donde la custodia tendría otro carácter.
Casualidades. La orden del Juez Canale de traslado hacia el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas (SPN) fue dada el día 25 de junio de este año. Sin embargo, como decíamos, la medida no se llevó a cabo. Las autoridades responsables argumentan que el traslado no fue ejecutado “por falta de móviles” (¡!). Después de tomar la decisión del traslado el Juez Federal se toma vacaciones por 45 días.
El Juez Alcindo Álvarez Canale es severamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda a raíz de que siempre hay una serie de irregularidades en los juicios de lesa humanidad que tiene en su haber. En particular en este caso, ya en el momento del juicio se denunció a través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca que a Corres “lo ha dejado afuera (el Juez) de una serie de casos que también tiene responsabilidad por ser parte del Grupo de Tareas, hechos que se produjeron entre noviembre y diciembre, entre ellos, el de mi hermano y mi cuñada. Pero además, con el nivel de ferocidad que tenía el Laucha Corres, siendo el único que reconoció su apodo cuando todos los que lo hemos identificado lo hicimos de esa forma”.
Por el momento fueron detenidos dos agentes de la policía Federal: el Oficial de Servicio de la noche en la que el del ex teniente coronel Julián "Laucha" Corres se fugó, Inspector Juan Carlos Lastra y su Cabo Primero Pablo Carabajal. También se ordenó y llevó a cabo allanamiento domiciliario en ambos casos. Ahora hay que esperar el desempeño del Fiscal General Hugo Omar Cañón, quien inmediatamente se puso en marcha para determinar responsabilidades.
Por otra parte, se tomaron medidas en puestos fronterizos en distintos puntos del país, con el objetivo de cerrar posibles vías de escape hacia el exterior del país. Sin embargo, el operativo se lleva a cabo con baja intensidad. Hay orden de captura nacional e internacional. Si usted lo vio, comuníquese con la Fiscalía General de Bahía Blanca +54 0291-4524437 o +54 0291-4550144.
Como corolario y brevemente, nos es imposible evitar el siguiente comentario: la huída de Corres no es un hecho aislado. Se trata de la falta de voluntad política real del Estado argentino para llevar a cabo la condena definitiva a todos los partícipes de distinto grado vinculados a la represión ilegal durante la última dictadura cívico – militar entre 1976 y 1983. Es cierto que se condenaron casos emblemáticos como Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich, Luciano Benjamín Menéndez y otros, pero todavía quedan miles sin condenar, y otros tantos sin procesar.
Es una realidad que no se puede seguir ocultando tras una supuesta voluntad política expresada en el discurso oficial: hasta un miembro del Poder Judicial como el Juez Federal Carlos Rosansky, denuncia que si el Estado nacional no articula recursos para unificar causas, los llamados Juicios por la Verdad, a este paso, tardarían más de un siglo en resolverse. Los responsables tiene un promedio de edad de 80 años. Es decir, si no existe una política activa desde el Estado nacional, la mayor parte de los represores –salvo casos emblemáticos- permanecerá sin condena durante los pocos años de vida que les quedan y morirán sin castigo.
